Una sentencia del Tribunal Supremo del 12 de julio pasado suspende el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Costa de Mogán, promovido por el Ayuntamiento de Mogán y que afecta al núcleo turístico de Puerto Rico. La sentencia del Supremo obliga a revisar este plan retrotrayendo el procedimiento justo al momento anterior al de su anulación por la sentencia del TSJC.
La Comunidad de Propietarios del Centro Cívico Comercial de Puerto Rico Fase I, que instaron el procedimiento contra el Plan de Modernización, explican en un comunicado que en 2015 se opusieron a la aprobación del Plan porque intervenía y regulaba 22 parcelas de equipamientos turísticos complementarios de usos diversos -deportivos, recreativos, administrativos, industriales y comerciales- para darles exclusivamente uso comercial y propiciar la construcción de los centros comerciales Mogan Mall y The Market Puerto Rico, además de una gran superficie alimentaria. Nuevos equipamientos todos ellos que se situaron junto al Centro Comercial de Puerto Rico, «incrementando la oferta existente de manera radical».
La demanda de la Comunidad de Propietarios del referido centro trataba de evitar en la zona una sobreoferta de centros comerciales y que se eliminara suelo destinado a otro tipo de proyectos, como deportivos o recreativos, que consideraban que «podrían dar calidad y variedad de uso» a la zona para lograr «un demandado atractivo turístico».
A la vista de lo ocurrido, ya que el Plan de Modernización siguió adelante pese a la sentencia en contra del TSJC, los empresarios destacan que la zona se ha convertido en «un monocultivo comercial». Asimismo, añaden que «ha propiciado una guerra comercial entre lo viejo y lo nuevo, donde sus donde sus fatídicos resultados ya los llevamos notando desde hace tiempo».
Más oferta sin más clientes
En esta línea, destacan que «se ha reducido la ocupación de locales del Centro Comercial de Puerto Rico, con una bajada enorme en precios de venta y alquiler, y reduciendo drásticamente el atractivo a inversores e inquilinos con la consiguiente pérdida patrimonial fomentada por dicho plan de modernización y mejora». A su vez, apuntan que «los nuevos equipamientos ejecutados tampoco logran alquilar sus locales», algo que explican se debe a que la oferta alojativa no ha aumentado sustancialmente. En otras palabras, se reparten los mismos clientes entre más centros comerciales.
Por ello, resaltan que «si antes los números no cuadraban ahora cuadran menos y encima sin otros equipamientos recreativos o deportivos en la zona» que pudieran infundirle otro atractivo para el visitante.
Los propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico plantean que el suyo fue el primer espacio en renovarse completamente y sin ayudas ni incentivos. Sin embargo, después de renovados han visto decrecer su oferta comercial y la entrada de visitantes. «Somos pequeños empresarios que hemos visto vulnerados nuestros derechos con pérdidas patrimoniales severas en favor de grande empresas que solo han conseguido empobrecer la imagen turística por el exceso de comercio y la falta de equipamientos deportivos y recreativos», manifiestan.
Tras remarcar que su recurso solo iba destinado a la anulación parcial del Plan de Mordernización de Puerto Rico, en relación con la parte destinada a los equipamientos turísticos complementarios, los empresarios invitan ahora al TSJC a valorar el fondo del ausnto y a considerar, a la vista del resultado, si se han conseguido los objetivos finales del referido plan.
