Marco Aurelio: «El derribo de centros comerciales debe ser para ofertar algo diferente»

El informe del Cabildo y la Cámara de Comercio sobre los centros comerciales de San Bartolomé de Tirajana concluye que hay que actuar de forma urgente por la propia supervivencia de Playa del Inglés como núcleo turístico de calidad. ¿Está de acuerdo con ese análisis?

Estoy de acuerdo en parte. Hay que actuar, pero la supervivencia no va a depender de los centros comerciales. La actividad comercial está cambiando y lo que hay que modificar es la filosofía de esos centros comerciales cuando se lleve a cabo la renovación.

¿Por qué se ha llegado a esta situación de deterioro y qué se puede hacer desde el Ayuntamiento para renovar esos centros?

Básicamente, un centro comercial en explotación está ofreciendo unos servicios a los clientes, pero no hay clientes. Esa es la primera razón. Luego, a partir de ahí, empezamos a encontrar derivadas. El primero de los casos lo tenemos en el Faro 2, que es de un propietario único con capacidad económica y que está llevando a cabo inversiones en el mundo del turismo, pero el centro comercial no se ha tocado. ¿Por qué? Porque en todo su ámbito de influencia prácticamente ha cambiado la rotación de los clientes. Los bungalows del Campo Internacional de Maspalomas, que antes tenían una rotación cada siete o diez días, ahora han dejado de estar en explotación turística, han pasado a otro uso por parte de sus propietarios, con lo cual cae el flujo de rotación de clientes y, por tanto , el de potenciales compradores que se acercan a sus tiendas, bares o restaurantes. Eso hace que vaya disminuyendo la clientela, lo que puede irse aplicando a otros centros comerciales. A eso podemos sumar cuestiones como si es atractivo o no lo que nos ofrecen. Hay personas que se desplazan desde el Sur a Las Palmas de Gran Canaria a comprar algo que le venden en sus centros comerciales y que les parece atractivo. Si evaluamos los centros comerciales que tenemos aquí desde el punto de vista de la población residente hay un exceso de oferta. Pero nunca lo podemos analizar desde esa perspectiva, sino por el número de clientes que visitan la zona turística. Y lo que hemos visto es que han aparecido nuevas áreas hoteleras, como en todo el ámbito de Meloneras, mientras que en las antiguas, como pueden ser Playa del Inglés, el Campo Internacional o San Agustín, muchas camas han salido de explotación alojativa, con lo cual tenemos menos turistas en esas zonas.

Aparte de la demolición del Metro por motivos evidentes, ¿es partidario del derribo de algunos más o cree que aún es posible reflotarlos con una amplia reforma de sus instalaciones?

Soy partidario de una modernización de la oferta. Por tanto, de realizar un análisis completo de edificios como los del Metro y qué pueden ofrecer en el futuro. No soy partidario de derribar para dejar una parcela vacía, porque al final tendremos otro lugar poco atractivo. Hay que derribar para renovar y ofertar algo diferente. Por tanto, a los propietarios de esos centros comerciales las administraciones públicas tienen que ofrecerles incentivos desde el punto de vista urbanístico. Usos urbanísticos diferentes o añadidos a los que tiene la parcela para que la renovación sea atractiva.

¿Y habrá demanda para tantos centros comerciales?

Si estamos hablando de destinar los mismos metros cuadrados de esos centros a la actividad comercial, probablemente no habrá demanda, pero si esos metros cuadrados se destinan a otro tipo de oferta, como puede ser la alojativa, a lo mejor sí que tenemos demanda, porque cada vez tenemos menos camas en el sur de Gran Canaria.

¿Son factibles esos cambios de uso del suelo, de comercial a alojativo, o se volverá a chocar con la falta de acuerdo entre los propietarios?

Los cambios de uso están en la norma. Lleva un trámite administrativo complejo y que no solo depende del Ayuntamiento, sino de un montón de administraciones que tienen que emitir informes. Por ejemplo, en los centros comerciales que están hoy en día en la franja de los 500 metros del litoral. Si vamos a derribarlos o a actuar en ellos con una nueva licencia tenemos que solicitar ese informe a Costas. Hay que tener claro lo que se quiere hacer porque son procesos que requieren tiempo y una voluntad férrea de tirar hacía delante con ello, pero son posibles. Lo que no podemos hacer es rendirnos en el camino, porque se tarda mucho y eso hay que saberlo antes de comenzar. Se necesitan informes del Ayuntamiento, del Cabildo, del Gobierno de Canarias y de varias administraciones del Estado. Emitir un informe no significa que vaya a ser negativo, sino que tenemos que conseguir que esa administración se pronuncie, porque el cúmulo de expedientes y la falta de trabajadores públicos hace que esos expedientes se retrasen. Si todos estamos convencidos de la urgencia, no se debe tramitar como otro expediente más, sino que tiene prioridad. De hecho, se ha intentado en varias ocasiones, en el Oasis y en Kasbah. En este último hasta se redactó un proyecto de renovación por parte de la administración y se les ofreció a los propietarios construirles y entregarles los locales terminados, llave en mano. Decayó por falta de unanimidad, uno de los propietarios quería, pero no podía votar a favor por su situación personal.

Unas declaraciones del consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo, en las que afirmó que en el puerto de Santa Águeda pueden convivir la fábrica de cemento y los complejos hoteleros, han alarmado a los empresarios turísticos. ¿Qué opina el gobierno municipal? ¿Caben allí ambas actividades?

Creo que hay que tener claro lo que ocurre en Gran Canaria a partir de la aprobación del Plan Insular de Ordenación (PIO) en diciembre de 2022. Hay un vuelco total en el barranco de Arguineguín, en lo que el Cabildo define en ese barranco. Antes tenía un uso industrial -la fábrica de cemento-, un pequeño uso residencial y un amplio espacio agrícola, que prácticamente llega al linde de la autopista GC-1. El Cabildo, en sus prerrogativas de diseñar los usos del territorio, ha dicho que ese suelo tiene que ser turístico y los ayuntamientos tenemos que acatar lo que establece el PIO. Por tanto, todo lo que se desarrolle ahí tiene que ser turístico. Lo que está, y es legal, tiene derecho a permanecer, pero los propietarios de la fábrica de cemento, que tenían hasta diciembre de 2022 una parcela industrial, se encuentran en este momento con una parcela turística. De repente, es posible que la propiedad diga ahora que lo que le interesa es tener un magnífico hotel en primera línea de mar y en una zona privilegiada. Por lo tanto, empieza a funcionar la especulación privada en base a la regulación que se ha incluido en el PIO.

El anterior Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres acabó el mandato sin resolver la prórroga de la concesión sobre el puerto de Santa Águeda. ¿Lo hará el Gobierno de Fernando Clavijo y de su partido, el PP? ¿En qué sentido?

La solución la he dibujado. En este momento los nuevos desarrollos urbanísticos deben ser turísticos. Lo que ya está en ese barranco se mantendrá mientras exista y lo nuevo tendrá que ser turístico. Puertos de Canarias tiene un problema que resolver, pero no puedo pronunciarme más allá porque desconozco en qué estado quedó el expediente que tramitó el anterior Gobierno de Canarias.

La empresa cementera ha dicho que no se irá de Arguineguín, aunque le quiten la concesión del muelle.

La empresa es la que tiene que decir ahora si mantiene la industria allí. Tiene todo el derecho a hacerlo, porque era suelo industrial y tiene todas las licencias, pero ahora tiene un nuevo incentivo, que el suelo ha pasado a tener la categorización de turístico y tiene un mayor valor. A partir de ahora, en el consejo de administración de la empresa tendrán probablemente que valorar esas cartas.

¿Y sería rentable trasladar la industria a otra parte, por ejemplo a las cercanías del puerto de Arinaga, como se ha propuesto desde la patronal turística?»

Yo de números de cemento no sé, el negocio de la cementera es complejo. Hay que tener en cuenta que una parte de la empresa es de una familia española de tradición industrial y que el otro 50% está siempre flotando, ha pasado por varios socios. Esa parte inalterable, que controla el consejo de administración, es la que debe decidir. Nosotros, como Ayuntamiento, solo podemos decir que la fábrica es legal y que a partir de diciembre de 2022 tiene una posibilidad de uso turístico, pero nadie puede hacer ahora mismo un expediente para quitar la fábrica de allí. Otra cosa distinta es el muelle de Santa Águeda. Es propiedad del Gobierno de Canarias, a través de la entidad Puertos Canarios, y es el que debe resolver su uso. Ahora aparece como puerto de uso general y tiene distintas posibilidades, pero insisto en que no sé como está el expediente que se tramitó durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres.

También declaró Carlos Álamo que está todo el sector a la espera de la «solución mágica» que prometió su socio y concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, para resolver el problema de la residencialización de las zonas turísticas, que según la patronal ya ha supuesto la pérdida de 35.000 camas extrahoteleras. ¿Qué planes tiene el gobierno municipal?

El gobierno municipal lo que tiene es mucho diálogo con el Gobierno de Canarias, que es el que tiene que avalar cualquier solución al problema de la residencialización. Nada más. El Gobierno autónomo tiene la decisión, pasando por las directrices que se establecen en el PIO de Gran Canaria, donde hay parcelas de uso mixto y otras que no. El Ayuntamiento no tiene competencias, pero sí va a proponer soluciones y el Gobierno tendrá que darle el visto bueno.

¿Hay que frenar o reconducir el turismo en San Bartolomé de Tirajana o puede seguir creciendo el número de visitantes? ¿Dónde está el límite ?

Ese es un debate de serpiente de verano. ¿Dónde y cuándo se frena el turismo? Se parará cuando dejen de venir las personas. Hay turistas que vienen con una mochila y se quedan bajo un puente, otros visitantes llegan en un jet privado y hay un grupo importante que viene a través de los turoperadores. Hay diferentes clases de turismo, ¿cuál es el que hay que frenar? Vivimos en la Unión Europea, donde hay libre tránsito de personas. Nosotros vivimos de la industria turística y que no se nos olvide nunca que ese es nuestro negocio como sociedad canaria. Para colmo, la isla está perdiendo camas al dejar de estar en explotación turística. Consecuencia de eso es la ruina de los centros comerciales o de que no recuperamos las cifras de visitantes de 2019, el último año antes de la pandemia, y mucho menos las de 2018, que eran más altas. Hay personas que abren distintos debates en relación con el turismo que son malos. Si abrimos ese debate, que nos den también la solución y nos digan de qué vamos a vivir sin turistas. Comparemos la sociedad canaria de hace 40 o 50 años, cuando en Semana Santa tapaban los santos en las iglesias y a las radios no se les permitía emitir. En la Semana Santa de hoy en día todo el mundo está rezando para que llegue e irse de vacaciones. Es decir, hacer turismo, salir de aquí o venir aquí. El turismo no solo ha significado para nosotros los canarios un crecimiento económico, también ha supuesto muchas veces abrir nuestras mentes, adquirir conocimientos, conocer mundo y a otra gente. Yo creo que gran parte de lo que hoy es nuestra sociedad se lo debemos agradecer al turismo.

El nuevo gobierno municipal ha renunciado a aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pese a que el vigente es de 1996. ¿Por qué? ¿Es para no tener que afrontar ese problema de la residencialización?

No, ni mucho menos. Solo somos realistas. Hay en este momento dos elementos que debemos tener presentes a la hora de tramitar un nuevo planeamiento, que son la Ley del Suelo de 2017 y la nueva Ley de Cambio Climático de 2022. Acometer un nuevo Plan General de San Bartolomé aplicando esas leyes, sobre todo la de Cambio Climático, significa que en estos cuatro años no seríamos capaces de aprobar ese instrumento municipal de planeamiento, perderíamos cuatro años y no lo tendríamos aprobado. Hemos decidido hacer una política más efectiva, como cambios puntuales, menores. Y todos aquellos Planes de Modernización y Mejora (PMM) que nos lleguen a la puerta del Ayuntamiento porque haya un inversor interesado o una renovación pendiente, como pueden ser las de los centros comerciales. Hemos apostado por tramitar instrumentos de planeamiento en los que veamos su resolución en este mandato.

Lleva ya unos meses de alcalde. ¿Qué herencia se ha encontrado del anterior gobierno?

Yo no quisiera hablar de la herencia. El nuevo equipo no ha criticado ni un día a los anteriores gobernantes. Pero si quiere críticas, según salga de este despacho de la Alcaldía, hágale una foto a la fecha de caducidad del primer extintor que se encuentre al salir, o a los que están en los restantes pasillos de las oficinas municipales o cualquier otra dependencia del Ayuntamiento. Mire, ni siquiera los extintores, un elemento esencial para la seguridad, fueron renovados en los cuatro años. La última vez que se recargaron fue en el año 2019, siendo yo alcalde, y cuando caducaron en enero de 2020 ahí se quedaron. No hace falta que yo haga una crítica, simplemente decir que lo que nos hemos encontrado del anterior gobierno es falta del cariño y falta de trabajo por el municipio.

Los promotores del Siam Park afirmaron antes de las elecciones que si usted era alcalde, ellos retiraban la inversión. ¿Cómo va ese proyecto?

Estamos esperando que el Gobierno de Canarias tramite el PMM y cuando llegue al Ayuntamiento le daremos el trámite oportuno.

¿Quedan rencores o ganas de venganza por ese desplante de los directivos de la empresa Loro Parque en plena campaña de las elecciones municipales?

Todo el que me conoce sabe perfectamente que no soy rencoroso ni vengativo.

El gobierno local ya ha tenido que intervenir por el impacto de las energías renovables. En este caso porque el polvo de las obras dañaba a los vecinos, pero también hay denuncias por el impacto paisajístico y sobre la flora y fauna, con muchas aves fallecidas. ¿Le preocupa?

Por supuesto. Lo que nos preocupa es que una parte de nuestro municipio, como Aldea Blanca, Castillo del Romeral o Juan Grande, sea siempre el lugar elegido para instalar todo aquello que otros dicen que «solo cabe ahí». Por eso los vecinos de esa zona están muy cansados de que les toque la central térmica, el vertedero, la cárcel o los molinos de viento. En la isla de Gran Canaria deberíamos tener claro que el sacrificio no le debe tocar solo a los vecinos de San Bartolomé o no solo a este municipio. Esos que tanto hablan de solidaridad, sería bueno que también ellos fueran solidarios.

El Cabildo tendrá que definir tarde o temprano dónde ubicar el tercer vertedero de la isla ante la colmatación de los complejos de Salto del Negro y Juan Grande. Por lo pronto, solo se ha hablado de ampliar el que está en su municipio. ¿Acepta el Ayuntamiento esa solución?

El Ayuntamiento, y no por una decisión del actual gobierno, sino de los anteriores de Nueva Canarias, tiene dos acuerdos plenarios. Uno por el que se aprobó el Plan General, que delimita perfectamente el área de Juan Grande que debe usarse para lo que en su día fue un vertedero y ahora tiene ese nombre tan sonoro de Complejo Medioambiental del Sur. Y luego hay otro acuerdo, de finales del siglo pasado, a propuesta del alcalde de NC José Juan Santana, se dejó bien claro al Cabildo que no se le iba a permitir ampliar ese vertedero. Por lo tanto, nos corresponde respetar lo que ha acordado el Pleno del Ayuntamiento.

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