El campo, en el fielato del futuro

Los agricultores de toda Europa se están manifestado al unísono contra los problemas que acucian al sector primario y reivindicar mejoras en la Política Agraria Común (PAC), a fin de evitar su desaparición paulatina. Se trata de un sector muy heterogéneo y diversificado en muchas ramas de productos, subproductos en un amplio ámbito geográfico, por lo que resulta difícil concretar todos los factores que inciden en cada uno de ellos.

Sin embargo, hay males que desde hace años acosan a casi todos y, en particular a agricultores y ganaderos como la fuerte competencia de los precios a la baja de productos de países no europeos con acuerdos preferenciales, la cada vez más complejas exigencias de la Política Agraria Común (PAC), el exceso burocrático, el cumplimiento de las normas de la cadena alimentaria, el mantenimiento de la rebaja de impuestos del gasóleo agrícola, de bienes inmuebles, patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, así como daños y carencias de la sequía, entre otros muchos.

La agricultura es el sector primario no porque sea la más elemental, sino porque sin ella nada más existiría, y por tanto es objeto de protección por la Constitución española, que consagra en su artículo 130 que los poderes públicos atiendan al desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular a la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

También llegan las consecuencias de la globalización; de los grandes Fondos de Inversión y empresas mayoristas en la alimentación, que ven los terrenos de cultivo como una inversión a largo plazo, lo que repercute muy negativamente en la capacidad del pequeño labrador y ganadero. La agricultura tradicional de subsistencia va muriendo en beneficio de terrenos de gran tamaño, más fértiles e irrigables, debido a que el beneficio final de la actividad no repercute en el punto de origen, sino al final de la cadena comercial.

Entiendo que la superficie agraria dedicada a producir alimentos no debería retroceder, debiéndose gestionar una nueva realidad. Es responsabilidad de la Administración ayudar en lo posible a mejorar los servicios públicos, las comunicaciones, bajar los impuestos, subvencionar la producción impulsando para la pequeña y mediana empresa una rentabilidad razonable para los cultivos y el ganado de forma sostenible y, combatir la desregulación del mercado.

Los agricultores en general están realizando un gran esfuerzo en modernizar las labores agrícolas, mejorando las técnicas agronómicas, invirtiendo en maquinaria, cuidando la calidad y la trazabilidad de sus producciones, también el cuidado medioambiental y las garantías alimentarias.

Sin embargo los precios agrarios bajan, o no suben, o lo hacen menos que proporcionalmente desde hace más de veinte años y no dan para cubrir los aumentos del coste de la producción.

El campo se empobrece, compensándose deficitariamente con el aumento de la productividad, derivado de las mejoras en la calidad del suelo, de los análisis y mezclas de las aguas para riego, y de la selección de nuevas variedades de plantas y, siempre, respetando la sostenibilidad.

Es obvio que existe una ausencia de una política agraria orientada a la producción de alimentos que precisamos, por eso la PAC incentiva el abandono de la tierras en producción y el tránsito de una agricultura productivista a una más ecológica y, como consecuencia menos alimentos y más caros, lo que se intenta compensar permitiendo masivas importaciones de alimentos baratos procedente de terceros países, para mantener a raya los precios del mercado.

‘La venganza del campo’

Afirma Manuel Pimentel en su libro La venganza del campo, la necesidad de recuperar la cordura, dignificar la actividad de los productores de alimentos y establecer una estrategia que incida en la producción, la seguridad, la garantía alimentaria y en la rentabilidad de las explotaciones, sin renunciar por ello a los valores de la sostenibilidad.

Como agricultor platanero tengo el honor de pertenecer a la Comisión de Comercialización de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), la cual ha hecho un gran esfuerzo por la mejora de la calidad de las producciones, para disponer de una IGP (Indicación Geográfica Protegida para Canarias), mejorar las campañas publicitarias e incluso industrializar el producto. Sin embargo, está seriamente preocupada por los muy bajos precios que están llegando a los agricultores de todas las islas desde hace más de un año debido al aumento de la producción que parece no tener suficiente demanda en el mercado español y portugués. Se trata de un sector que controla en parte el mercado local, canaliza su oferta limitada al mercado peninsular, dominado por empresas mayoristas y, principalmente, por las grandes cadenas, que también importan libremente en iguales términos de competitividad de terceros países no comunitarios.

Consecuencia de ello, el plátano del exterior que identificamos como banana gana terreno comercial cada vez más, con una mayor cuota de mercado, obligando a la baja de los precios, a organizar un sistema de retirada voluntaria de fruta, controlada, coordinada o tolerada parcialmente por la Consejería de Agricultura, en tanto que también se reparten importantes cantidades a los Bancos de Alimentos y se hacen modestas exportaciones a Marruecos, además de algún país europeo.

«La agricultura es el sector primario no porque sea la más elemental, sino porque, sin ella, nada más existiría, y es objeto de protección de la Constitución»

Peculiarmente la solución no pasa por el aumento de nuevos mercados de exportación fomentado desde las administraciones públicas, ni por el establecimiento de aranceles de entrada a terceros países, ni por el control de la calidad los fitosanitarios aplicados a los importados en origen, sino en limitar la producción local, el calibre de la fruta, no subir el importe de las ayudas europeas congeladas desde hace más de 20 años y cuyas ayudas de modernización están estancadas, no incluyéndose las nuevas inversiones a financiación con fondos Next Generation, sino inutilizar fruta en fincas o en los almacenes.

Tres años de sequía

Todo lo anterior se agrava con los aumentos del precio de los insumos, los abonos, productos fitosanitarios, cajas de cartón, pales de madera, gasoil, transportes, los sueldos, falta de mano de obra especializada tanto en fincas como en las instalaciones hidráulicas y en los almacenes de empaquetado.

A ello se suman más de tres años de sequía con las presas ya vacías, y muchos manantiales y pozos mermando sus caudales, mientras los consejos insulares no han ido aumentado ni las cantidades desalinizadas ni las elevaciones a cotas más altas.

Como consecuencia de esto son las pequeñas producciones en medianías que no van a poder plantar, lo que repercutirá al alza en los precios de las frutas y verduras en el mercado local.

Como agricultor coparticipo en varias comunidades de regantes entre las que se encuentran seis presas en los términos municipales de Arucas, Firgas, Moya y Tejeda, instituciones que sirven aguas de lluvias - cuando las hay- para riego agrícola a cientos de agricultores en nueve municipios, con más de 200 kilómetros de tuberías para el reparto por las cuencas del centro y el norte de Gran Canaria.

Es hora de actuar y prevenir la sequía del próximo verano y, ante la pasividad del Consejo Insular, la solución a estos problemas no radica en que los alcaldes de municipios de medianías y cumbres pretendan intervenir en el mercado del agua, ya que no es su cometido, ni de aplicar medidas exclusivas y excluyentes, sino de solidaridad con todos los agricultores de toda la isla sin importar la ubicación de sus predios, atendiendo a las necesidades reales de los agricultores existentes y no a futuribles e inexistentes, dado que la labor de estos ayuntamientos no es la de fomentar la agricultura ni crear de la nada embotelladoras, sino resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Aun no ha finalizado el invierno y ya existen problemas de suministros de agua para las explotaciones agrícolas y ganaderas, y es previsible que tal como ocurriera en 2022 el Consejo Insular no tenga suficiente caudal para repartir en el próximo agosto, lo que volverá a repercutir en serias pérdidas económicas, aumento de precios de productos de primera necesidad, abandono de fincas, disminución de puestos de trabajo porque los daños de la sequía afectan por igual a toda la agricultura ya sea de altura, de medianías o de costas.

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