"Que sea la alcaldesa quien pague de su bolsillo esta acción temeraria", señala NC-BC sobre mantener la tasa turística de Mogán

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) hace un nuevo intento para frenar el cobro de la tasa turística de Mogán. Y para eso la formación nacionalista solicitará en el próximo pleno municipal la suspensión cautelar del tributo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara la ordenanza que el Ayuntamiento aplica desde marzo de 2025 tras estimar el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. La ordenanza anulada por el TSJC establecía un gravamen de 15 céntimos por persona y día para quienes pernocten en los establecimientos turísticos del municipio. En su propuesta, a priori encontrará el apoyo del PSOE a su moción, ya que hasta ahora ha rechazado la figura de una tasa en favor de un impuesto regional.

La formación nacionalista considera que mantener el gravamen mientras se tramita el recurso presentado por el Consistorio ante el Tribunal Supremo aumenta el riesgo económico y presupuestario para las arcas municipales. De hecho, el concejal y portavoz del partido en Mogán, Juan Manuel Gabella, sostuvo este lunes en una rueda de prensa que, en caso de que el Alto Tribunal tumbe el recurso municipal, debería ser Onalia Bueno quien "pague de su bolsillo esta acción temeraria". Además, también solicitó un informe de la Intervención municipal sobre el posible impacto económico de una eventual nulidad definitiva.

La tasa funciona "como un impuesto"

Gabella sostuvo que la sentencia dictada por el TSJC "coincide" con las objeciones planteadas por su formación hace aproximadamente un año. Y es que NC-BC ya había advertido de que la ordenanza empleaba la figura jurídica de una tasa para crear, en la práctica, un impuesto y que no definía con suficiente precisión el servicio concreto e individualizado que recibía la persona obligada al pago. También recalcó que la actual ordenanza supone una "doble imposición" para los residentes del municipio que decidan hospedarse en un alojamiento turístico y que ya están pagando los servicios a los que va destinado el tributo con sus impuestos, como el agua o la recogida de residuos.

El tributo tiene "afán recaudatorio"

Por otro lado, aseguró que esta tasa tiene "afán recaudatorio" porque la explicación que dio el Ayuntamiento es que se utiliza para "equilibrar cuentas", y tiró de ironía para afirmar que "se calcula la base imponible sobre lo que conviene en cada en cada momento" porque "todo va a estar relacionado con una actividad turística que no viene definida". El portavoz nacionalista calificó de "ambigüedades demagógicas" las declaraciones de Bueno en las que expresó que la sentencia del TSJC debía explicar qué fallos debía corregir el Ayuntamiento en la ordenanza. Gabella criticó que "hay 50 ejemplos en la sentencia de cómo se hace una tasa", calificó el dictamen de "muy simple y básico" y animó a la alcaldesa a matricularse "en la Universidad" para recibir "una clase de tributación general".

El concejal nacionalista advirtió que, en caso de que el Tribunal Supremo declare nulo el recurso presentado por el Ayuntamiento, no solo deberán devolver los 1,4 millones que han recaudado con la tasa, sino que a esto se le deberán sumar los intereses de demora y los costes de gestión. Gabella argumentó que en ese caso los servicios a los que se pensaba destinar el capital derivado de la tasa se quedarían sin financiación, lo que obligaría a hacer una modificación presupuestaria "tirando de los remanentes de la Tesorería". Este supuesto, según el portavoz de la formación nacionalista, "afecta directamente a los vecinos".

Los hoteles y complejos extrahoteleros

El dirigente de NC-BC añadió que los establecimientos alojativos también quedan expuestos a una situación de inseguridad jurídica, ya que actúan como sustitutos del contribuyente y son los encargados de cobrar la tasa a los clientes e ingresarla posteriormente al Ayuntamiento. Según explicó, los hoteles y complejos extrahoteleros tendrán que decidir si continúan repercutiendo el cobro a los turistas, si provisionan fondos para posibles devoluciones o si asumen directamente el coste en aquellos casos en los que un cliente se niegue a pagarlo.

Imitar el modelo gallego

Durante la rueda de prensa, Gabella explicó que Canarias es una comunidad con varios municipios turísticos que tienen "problemas de financiación graves" y reconoció que el establecimiento de una tasa turística es beneficioso. Y para ello la formación insistió en que sea el Gobierno de Canarias el que cree un impuesto autonómico sobre las estancias turísticas que dé cobertura legal a los ayuntamientos para establecer recargos municipales con plena seguridad jurídica.

Gabella puso como referencia el modelo implantado en Galicia, donde la comunidad autónoma regula el impuesto y permite a los municipios aplicar un recargo. Según explicó, este sistema permitiría graduar el pago en función de la categoría de los alojamientos, establecer exenciones para determinados colectivos y garantizar que la recaudación tenga un carácter finalista. Los recursos podrían destinarse, según la propuesta de NC-BC, a financiar políticas de turismo sostenible, movilidad, infraestructuras, conservación del patrimonio y mejora de los servicios públicos en los municipios que soportan una mayor población flotante.

Onalia Bueno responde

Pocos minutos después de que Gabella concluyese su comparecencia, la alcaldesa Onalia Bueno, tras un acto celebrado por la Consejería de Turismo volvió a insistir en que "hasta que no haya sentencia firme por parte del Tribunal Supremo" mantendrá en vigor la tasa turística. La alcaldesa afirmó que a día de hoy "la batalla no está ganada" y defendió que aún pueden darle la razón tanto al Ayuntamiento como a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Bueno recalcó que devolverán lo recaudado en caso de que la sentencia sea desfavorable y, en caso contrario, mantendrán y aumentarán la tasa.

Por su parte, el PSOE se posiciona en la misma línea que NC-BC al considerar que la tasa no es legal. El portavoz del partido socialista, Artemi Artiles, afirmó que "es hora de que el Ayuntamiento reconozca que se equivocó" y señaló que aún no han leído la moción que presentarán los nacionalistas, pero "en principio" están de acuerdo. Artiles coincide con Gabella en que la "la figura que debe hacerse es un impuesto y quien tiene la competencia para hacerlo es el Gobierno de Canarias".

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