El juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la pretensión de los administradores concursales de Inalsa de suspender la actividad de la empresa que suministra el agua en Lanzarote a pesar de que soporta una deuda de 40 millones de euros. El juez entiende que la suspensión temporal de la actividad de Inalsa "no ayudaría al cumplimiento del fin esencial de todo procedimiento concursal, que no es otro que satisfacer los intereses de los acreedores".

Los administradores concursales habían solicitado en abril de este año la suspensión de la actividad de Inalsa argumentado que el Consorcio Insular del Agua (integrado por el Cabildo y los ayuntamientos) no había podido subir el precio del agua para ajustarlo al del servicio, "lo que produce una agravación de la situación patrimonial de Inalsa". No obstante, el auto recuerda que la subida de las tasas del agua ya se había producido en verano de este año, "lo que hace innecesaria una adopción de una medida tan radical".

El auto del juez destaca que el pago de la deuda a los acreedores "pasa o por que Inalsa continúe su actividad y en algún momento dé beneficios con lo que paga a aquellos o se alcance un convenio que, por la vía de la adquisición de la empresa por un tercero que asuma el pago de los créditos o por la vía de constituir una nueva entidad con dichos compromisos, permita satisfacer las deudas".

El recurso presentado por el abogado de Inalsa consideraba que la suspensión total de la actividad de Inalsa hubiese supuesto "un menoscabo gravísimo a los intereses generales de la Isla de Lanzarote, pues la suspensión daría lugar a un desabastecimiento del agua en la Isla con consecuencias catastróficas para la salud, la economía, etc. de la misma".