El alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, remitió ayer a la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un informe técnico y jurídico en el que avala la legalización del aparcamiento subterráneo del parque Islas Canarias cuya licencia de construcción y apertura fue anulada por los tribunales. Sin embargo, deberá ser ahora el TSJC quien acepte o no los nuevos argumentos del Ayuntamiento de Arrecife y la promotora del aparcamiento para permitir que estas instalaciones puedan seguir abiertas al público.
"Con los nuevos informes que ha realizado el Ayuntamiento si la empresa promotora del aparcamiento vuelve a presentar a partir de mañana un proyecto para esta misma actividad no habría ningún tipo de ilegalidad", asegura el alcalde. No obstante, Reguera insiste en que deben ser los tribunales los que den el visto bueno a los informes municipales para permitir el funcionamiento del parquin.
El Ayuntamiento también remitió al TSJC un nuevo proyecto eléctrico del aparcamiento realizado por la promotora dado que el existente hasta ahora no se adaptaba a la actual normativa. Asimismo, la corporación remitió un escrito al tribunal en el que daba cuenta de la reunión mantenida la semana pasada con la Dirección General de Costas en la que ratificaba que la concesión administrativa concedida en su día a los propietarios del parquin por la Autoridad Portuaria de Las Palmas seguía estando en vigor lo que permitiría continuar con esta actividad.
El consistorio mantiene ahora que el aparcamiento está avalado por la adaptación básica del Plan General, aspecto éste que no se había tenido en cuenta en las anteriores alegaciones presentadas al TSJC. Además, se asegura que el aparcamiento no debería haber pedido una licencia de apertura (que está anulada) sino una autorización municipal dado que el Ayuntamiento es propietario de un 11% de las acciones.
El TSJC decidió a principios de noviembre suspender el decreto del alcalde de Arrecife por el que daba a la propiedad un plazo de diez días para proceder al cierre del aparcamiento hasta que se resolviera el incidente presentado por la propiedad del inmueble "sobre el modo de ejecución de la sentencia y, en particular, sobre la adecuación al fallo del decreto municipal y las posibilidades de legalización, cuestión sobre la que no se ha pronunciado la Sala".
Los promotores del aparcamiento también han presentado alegaciones al TSJC sobre el decreto de cierre acordado por el alcalde al entender "que las obras realizadas se acomodan al planeamiento ahora vigente, a considerar el absurdo que se produciría demoliéndolas para posteriormente volver a autorizarlas y ejecutarlas en virtud de la concesión administrativa otorgada".
Cándido Reguera considera que la demolición del aparcamiento acarrearía graves perjuicios al Ayuntamiento al tener que enfrentarse a una indemnización millonaria a los propietarios de las instalaciones.
