La Delegación del Gobierno en Canarias ha desestimado las alegaciones del activista uruguayo José Morales contra su petición de expulsión del país y le comunicó ayer que tiene 48 horas para abandonar el país. En caso de no hacerlo, este viernes podría ser detenido y repatriado a Uruguay.

El expediente de expulsión se abrió el pasado 3 de abril. A Morales se le acusa de alterar el orden público en una concentración frente a la sede del PP de Lanzarote para protestar por las prospecciones de Repsol en la visita del Ministro de Industria, José Manuel Soria. La policía impuso multas de 300 euros a otras seis personas.

Todos han negado que llevaran a cabo actos violentos. De hecho, la policía no detuvo a nadie y ninguna persona ni tampoco el mobiliario urbano sufrió ningún tipo de daño en aquella concentración.

A Morales ya se le abrió un expediente de expulsión tras unos incidentes durante una concentración de apoyo al pueblo saharaui en Arrecife y en la que un agente de policía de paisano sacó su pistola en medio de la calle. Ese expediente se suspendió hasta que se resuelva la denuncia por los mismos hechos que se tramita en los tribunales.

Morales señaló que siente "angustia e indignación" por tener que defenderse de unos hechos que no ha cometido y por la "terrible injusticia que se quiere cometer", así como porque no se le está dando la oportunidad de esclarecer los hechos.

El activista uruguayo, colaborador de asociaciones de inmigrantes, sindicales y en defensa de los derechos humanos, considera que su caso puede crear un "grave precedente para poder expulsar a cualquiera" puesto que no hay sentencia firme y la expulsión se dicta por una falta administrativa no probada. Señala que intentará paralizar la orden de expulsión mediante recursos. Morales vive en Lanzarote desde hace diez años y asegura estar completamente arraigado en la Isla.