El exconcejal de Alternativa Ciudadana en el Ayuntamiento de Arrecife Andrés Barreto se ratificó ayer en la denuncia que implica al abogado y exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori en el presunto cobro de cinco facturas que le abonó la empresa pública de aguas Inalsa por importe de 20.784 euros (entre mayo de 2008 y abril de 2009), por "labores de colaboración y asesoramiento y un plan integral de formación para el personal", que no prestó.

Estas supuestas irregularidades forman parte de una de las tramas de la operación Unión, cuyo interrogatorio se reanudó este lunes en el juzgado de Instancia no 5 de Arrecife con la toma de declaración por parte de la juez María Jesús Hernández al propio Barreto, quien compareció en calidad de testigo; la exconsejera delegada de Inalsa Plácida Guerra; y el fundador del PIL, Dimas Martín, ambos como imputados. Martín cumple condena en la prisión de Tahíche, a donde ha sido trasladado hace unos días del centro penitenciario de Tenerife, por el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise.

Aunque en un principio Martín había sido citado a declarar para este mediodía, finalmente lo hizo la pasada jornada debido a que su abogado debe atender hoy otro proceso que le impedía asistir a su cliente, apuntaron fuentes judiciales. Añadieron que ese hecho ha retrasado hasta hoy la toma de declaración del exgerente de Inalsa Rafael Elorrieta.

En su denuncia ante la Fiscalía en 2010, un año después de hacerse público Unión, Barreto responsabilizó a la gerencia y el consejo de administración de Inalsa (que gestionó la empresa entre mayo de 2008 y abril de 2009) de un presunto delito de prevaricación y otro de uso fraudulento de fondos públicos por la emisión de cinco facturas a nombre de Rodríguez Batllori. Inalsa produce y distribuye el agua de abasto en Lanzarote.

Batllori está también relacionado en la investigación que trata de esclarecer los presuntos pagos que percibió en 2009 del Ayuntamiento de Arrecife por asesoramiento y colaboración que no desempeñó. Así, según el auto de 10 de febrero de 2012, pretendía cobrar su trabajo como abogado particular de Martín. Los exediles del PIL Luisa Blanco y José Miguel Rodríguez declaran hoy por esos hechos.