El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (CACT), reunido esta mañana con carácter extraordinario y urgente, decidió, a petición del representante del Grupo Socialista en la corporación insular, dejar sobre la mesa la propuesta de acuerdo realizada por el Tribunal Laboral Canario el pasado jueves en los juzgados de Arrecife, según ha informado el ente. El motivo es que la misma "no contaría con los mismos apoyos que la aprobada en el seno del último Consejo de Administración".
No obstante, la dirección de los CACT ha reiterado su voluntad de aceptar un arbitraje de obligado cumplimiento entre las partes para acabar con el conflicto laboral y finalizar con la huelga indefinida, que se lleva a cabo desde el pasado 15 de agosto, de "forma inmediata".
De esta manera, apuntan desde la dirección de los centros turísticos, se mantiene en vigor el acuerdo alcanzado el pasado 22 de agosto por los grupos políticos, CC, PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos y los representantes de los ayuntamientos y las patronales turísticas para encontrar una solución al conflicto laboral y detener el paro. En esa sesión la representante de Somos Lanzarote se abstuvo, con lo cual "no se oponía a la propuesta".
En ese Consejo de Administración la empresa se compromete al pago en la nómina de octubre de 2017 de las cantidades correspondientes a los pluses de disponibilidad, transporte y lavado de ropa del mes de vacaciones de los años 2015, 2016 y 2017, dejando de detraer los 35,19 euros que venía descontando en cumplimiento de la sentencia y manteniendo el resto de puntos de la propuesta de la empresa de 11 de agosto de 2017.
Asimismo, la empresa solicitará un informe de la Intervención del Cabildo y, además, encargará un informe jurídico a un abogado laboralista independiente sobre la adecuación de la propuesta del Comité de huelga a la sentencia de 30 de noviembre de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la del Juzgado de lo Social nº 3 de Arrecife de 31 de marzo de 2016, así como con la Ley General de Presupuestos del Estado de 2017 y el Convenio Colectivo de la Entidad.
Por otro lado, según ese mismo documento, la empresa encargará una auditoría independiente (por un auditor validado por las partes) que determine si la adaptación del nuevo convenio en 2014 ha supuesto alguna merma en las retribuciones de los trabajadores en el cómputo anual para los años 2013, 2014 y 2015.
Por último, se solicitaba a los trabajadores que valoraran la suspensión inmediata de la huelga.
