Un matrimonio y dos menores tratan de evitar un desahucio tras ser víctimas de una estafa

Andrés Molina y su mujer, Lesli Jhoana Torres, se quedarán este viernes sin hogar con sus dos hijas, una de 3 años y otra de 10, si no se paraliza el lanzamiento previsto para este viernes por orden del Juzgado de Primera Instancia Nº3 de Arrecife después de haber sido víctimas de una supuesta estafa en el alquiler de la vivienda de Playa Blanca, en el municipio sureño de Yaiza, en la que residen desde el pasado mes de septiembre.

Andrés ha explicado esta mañana que tras dos meses en el inmueble se presentó un ciudadano hindú alegando que él era el propietario del mismo, cuando en realidad el contrato de alquiler se lo hizo otra persona, presuntamente, de forma fraudulenta sin tener nada que ver con la citada casa y "tras haberse presentado como dueño de la misma".

El supuesto propietario les entregó las llaves de la vivienda junto al contrato de alquiler, los datos de la póliza para pagar el agua y la luz y se cobró la primera mensualidad por adelantado, 450 euros. A las dos semanas se presentó una comisión judicial en el domicilio, junto al verdadero dueño, para desahuciar a los anteriores inquilinos. "En ese momento, nos dimos cuenta de que habíamos sido objeto de una estafa", explica Andrés. En octubre, una persona que dijo ser sobrino del hombre que les hizo el contrato, se presentó con otro contrato de arrendamiento en el que se establece en 180 euros mensuales -en vez de los 450 euros iniciales- el precio del alquiler. "Me dijeron que la casa había sido embargada por el banco y que como teníamos dos niñas nos hacían un alquiler social. Eso fue más que un sueño para nosotros porque no teníamos trabajo fijo. Ninguna de las dos personas con las que firmamos el contrato nos quiso dejar el número de teléfono. Nos daban excusas y decían que habían tenido problemas con el móvil y que iban a cambiar de número", relata Andrés.

Un sueño que se ha convertido en pesadilla. Un auto con fecha del pasado 3 de diciembre del Juzgado de Primera Instancia Nº3 daba la razón al ciudadano hindú que reclamaba que Andrés y su familia se fueran de su propiedad, Bhawani V., y ordenada que abandonaran el inmueble.

El perjudicado, que defiende que no es un ocupa porque firmó un contrato y no ha dejado de pagar el alquiler, ha visitado en la mañana de este jueves el Juzgado de Primera Instancia Nº3 de Arrecife, que en una diligencia del pasado 4 de diciembre fijó el lanzamiento para este 8 de febrero a las 9.30 horas, para presentar un escrito y pedir que aplace, al menos, durante un mes el desahucio mientras encuentra un alojamiento a precio asequible o ayuda social. "Me han llegado a pedir hasta 1.000 euros de alquiler y cuatro meses de fianza en una vivienda sin muebles", se quejó desesperado ante la posiblidad de verse en la calle con su familia.

De momento, no ha habido suerte y el juzgado se ha negado a paralizar el desahucio, lamentó Andrés. "Nos dijeron que ya no se podía recurrir, que el escrito estaba fuera de plazo y, además, que lo tenía que presentar un procurador. Previamente, el Colegio de Abogados no accedió a facilitarnos abogado ni procurador".

Según Andrés, el Ayuntamiento de Yaiza les ha denegado ayuda porque llevan menos de un año empadronados en el municipio. En junio del pasado año se empadronaron en casa de la madre de Johana en Playa Blanca, pero se fueron a vivir a una casa en Tías, que tuvieron que dejar en septiembre porque el dueño la iba a poner en el mercado del alquiler vacacional y desde septiembre residen en Playa Blanca. Yaiza niega que hayan pedido ayuda a Servicios Sociales y aclara que si hay vecinos con menos de un año de residencia en el municipio, pero su caso es de extrema necesidad, "Servicios Sociales estudia y valora su situación". Andrés añade que "tampoco el Cabildo nos ha ayudado".

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria asesora a esta familia colombiana para tratar de impedir el lanzamiento y la abogada Isabel Saavedra les ha redactado el escrito para que Andrés, que no tiene abogado de oficio, lo presente en el órgano judicial. Tanto él como su mujer, afirma, están a punto de conseguir sendos contratos de trabajo. Andrés trabaja haciendo 'chapuzas' y Johana es limpiadora.