El informe solicitado por el grupo de gobierno del Cabildo (CC, PIL, PP y PNL) al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid Luciano Parejo Alfonso recomienda solicitar al Gobierno de Canarias que suspenda parcial y temporalmente el Plan Insular y los planes parciales de Yaiza y Teguise para, basándose en una hoja de ruta consensuada por las instituciones, elevar a los tribunales propuestas para ejecutar las sentencias que anulan las licencias de 27 hoteles y complejos de apartamentos.

Parejo dijo que "las normas transitorias que se aprobaran deberán incluir compensaciones". "No hay otro remedio", agregó, "pues habrá que fijar un criterio para compensar al interés público" que quedará sometido a una decisión judicial. Estas compensaciones podrían ir de las indemnizaciones económicas a la renuncia de derechos edificatorias en otras parcelas o la obligatoriedad de crear dotaciones públicas, por ejemplo. Parejo recalcó que esta alternativa no supone una amnistía, puesto que "los tribunales serán los que digan en último lugar si son correctos o no esos criterios", en alusión a los elementos que se incluyan, en su caso, por decisión de las instituciones públicas implicadas en diseñar la estrategia. De cualquier modo, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, dejó claro en la sesión del Consejo de la Reserva de la Biosfera que la prerrogativa de adoptar esta u otra medida quedará en manos de la próxima corporación.

El experto recalca en su informe que "la complejidad y confusión de normativas, además de no ofrecer un marco idóneo de referencia para abordar eficazmente la ejecución de sentencias, producen una incertidumbre que raya la inseguridad jurídica de las soluciones aplicables a los casos concretos", tesis sobre la que sustenta la necesidad de suspender tanto el Plan Insular como los planeamientos municipales. A partir de ahí, y vía decreto del Ejecutivo regional, se establecería un nuevo escenario destinado a propiciar las condiciones oportunas para abrir un proceso de regularización, siempre en los casos en los que resulte posible.

Parejo destacó que las sentencias declaran la nulidad de las sentencias por aspectos formales cuya importancia no minimizó, pues, según dijo, acarrea que estos complejos "no existen en el ordenamiento jurídico". Para que consigan el "paraguas" que buscan deberán someterse a una nueva prueba de legalidad que también tomará en consideración su adaptación a las normas de ordenación territorial.