El pasado martes, 25 mayo, comenzaba un nuevo episodio del desencuentro entre los actuales dirigentes del Cabildo de Lanzarote y sus anteriores gestores, Coalición Canaria (CC) y en concreto, con el expresidente insular Pedro San Ginés. Es este un mandato donde las acusaciones cruzadas se han dado casi desde su inicio entre ambas partes -Cueva de los Verdes, inversiones- y ahora, la gestión en la empresa pública Inalsa, encargada del suministro de agua en Lanzarote.
La nueva batalla de comunicados entre las partes madrugaba: el martes 25 de mayo, a las 6.08 horas y primera andanada a la línea de flotación de San Ginés y CC. En esta ocasión, a cuenta de la reclamación de 82.000 euros por honorarios de Ignacio Calatayud, antiguo letrado de la empresa pública y que esta rechazó.
Así, según Inalsa, ha confirmado la existencia de esa reclamación por la cual Calatayud ha pretendido cobrar otros 82.000 euros por su intervención en el incidente 62/2012 del Concurso de Acreedores 37/2009, del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas. «Según consta en el informe realizado por los responsables de la empresa pública, Ignacio Calatayud Prats fue nombrado como letrado de Inalsa para todo lo relacionado con el procedimiento concursal mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2010», indican desde Inalsa.
Según la versión de sus actuales gestores, «en virtud del expresado acuerdo, quien fuera presidente del Consejo de Administración, Pedro San Ginés, suscribió un contrato con Calatayud, por un importe de 186.000 euros (casi 200.000 con IGIC) en el que se señalaba: ‘El presente presupuesto incluye la tramitación de todo el procedimiento hasta su finalización en dicha instancia judicial. Se considerarán incluidos en los honorarios anteriormente presupuestados los gastos de desplazamiento y demás suplidos que puedan ocasionarse en la ejecución de los trabajos del presente encargo». El referido contrato, suscrito por Pedro San Ginés, fijó unos honorarios de 86.000 euros, para la que se conoce como «fase común» del concurso de acreedores (fase principal del procedimiento), los cuales han sido abonados en su totalidad, recuedan.
Inalsa resalta que «además, en el indicado documento también se contemplaron los honorarios para las siguientes fases del concurso de acreedores, estableciendo 40.000 euros para la «fase de convenio» y otros 40.000 euros para la «fase de liquidación», los cuales también fueron abonados al letrado tras una modificación del presupuesto suscrita el 23 de abril de 2012 por San Ginés, que estableció el importe final de estas dos últimas fases en un total de 64.200 euros». La oposición de Inalsa ante el intento de cobro indebido de Calatayud se basa, por tanto, «en la existencia de un contrato que cubría todas las actividades a desarrollar en el procedimiento concursal y en que las cantidades presupuestadas en el citado contrato han sido abonadas en su totalidad al indicado letrado, al cual se han pagado un total de 156.450 euros por su intervención en el concurso».
La empresa pública dependiente del Cabildo lanzaroteño también señala que los 82.000 euros reclamados por Calatayud también son desproporcionados, incluso en el caso de que se hubiese contratado la defensa en ese incidente concursal de forma separada del resto del concurso, porque Inalsa es una empresa pública y conforme a lo dispuesto en la Legislación de Contratos del Sector Público, no puede efectuar contrataciones directas por importe superior a 15.000 euros.
Asimismo, alega que «los honorarios pactados entre San Ginés y Calatayud para toda la fase común del concurso (la más larga y compleja) ascendían a 86.000 euros, tratándose de un procedimiento con una cuantía de más de 40 millones de euros. Igualmente, para toda la fase de convenio San Ginés y Calatayud acordaron unos honorarios de 60.000 euros. Sin embargo, Calatayud pretende cobrar 82.000 euros por un incidente cuya cuantía asciende tan solo a 1,6 millones de euros, por lo que la desproporción resulta evidente».
Además, la intervención de Calatayud en este incidente se concretó, fundamentalmente, en dos escritos. En el primero de ellos, de dos páginas y media, se limitó a adherirse a lo sostenido en la demanda formulada por los administradores concursales. En el segundo, se limitó a la redacción de tres páginas mientras el escrito de la administración concursal se extendía a lo largo de 23 páginas con abundante doctrina jurisprudencia y fundamentación jurídica. Además de esos dos escritos, constan otros de trámite sin entidad suficiente como para justificar los honorarios que reclama.
Jura de cuentas
Inalsa cree que con el procedimiento de jura de cuentas que argüye su exletrado, un mecanismo excepcional por el cual un abogado puede exigir a su cliente el pago de una factura de manera sumaria por un procedimiento que tan solo permite discutir lo adecuado del importe de los honorarios exigidos, cabe el riesgo de que Inalsa «se vea obligada a pagar la cantidad reclamada indebidamente por Calatayud, lo que daría lugar a un nuevo procedimiento a través del cual la empresa podría resarcirse del cobro indebido».
Para la empresa pública, «el recurso por parte de Calatayud al procedimiento de jura de cuentas puede entenderse como un intento de sortear la actuación de los servicios jurídicos y de intervención del Consorcio del Agua de Lanzarote, quien lleva por delegación la administración de Inalsa».
En un segundo comunicado, enviado el viernes, el Cabildo acusa a San Ginés de ocultar un contrato a Calatayud que perjudica a Inalsa. Según esta versión, aceptó y ocultó un segundo presupuesto que beneficiaba a Calatayud excluyendo los incidentes del concurso. «Ignacio Calatayud basa su reclamación de 82.000 euros a Inalsa en un segundo presupuesto de honorarios aceptado por San Ginés el 15 de marzo de 2010, que no incluye los incidentes concursales, una cláusula que nunca se hizo pública», indica y rechaza la explicación dada por San Ginés, que considera el contrato de 27 de enero como un mero borrador. «El propio Ignacio Calatayud remite a Inalsa, con fecha 2 de marzo de 2010, la primera factura amparándose en el contrato al que, ahora, pretende negar su validez.
