El Cabildo de Lanzarote se planta ante el Gobierno y recurre el permiso de las jaulas marinas

La autorización del Gobierno de Canarias se ha resuelto en favor de la empresa Yaizatún, que ha venido explotando la instalación situada en aguas de Playa Quemada

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, reafirmó ayer la oposición de la corporación insular a la autorización de nuevas instalaciones de acuicultura frente a las costas de la Isla, tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de una autorización de la Dirección General de Pesca del Gobierno regional en la conocida como Zona de Interés Acuícola Lanzarote 2 (ZIA LZ 2). Está situada entre La Bufona (Arrecife) y Punta el Barranquillo (San Bartolomé-Tías), marcándolos como puntos de posible interés para la práctica de esta actividad pesquera, algo que rechaza el Cabildo, los ayuntamientos, la patronal turística y las cofradías de pescadores.

Esta autorización, que será impugnada por el Cabildo,se ha resuelto en favor de la empresa que ha venido explotando la instalación situada en aguas de Playa Quemada, toda vez que dicha explotación viene obligada a su cese por haber expirado el plazo de la misma.

Corujo se reunió ayer con representantes de los ayuntamientos de Arrecife, Yaiza, Tías y San Bartolomé, miembros de cofradías de pescadores, de la Cámara de Comercio y de la Federación Turística de Lanzarote y la asistencia del consejero de Medio Ambiente. En dicha reunión, la presidenta explicó que el Cabildo de Lanzarote exige sus competencias para controlar la actividad acuícola en la Isla. «Igual que nos defendimos cuando quisieron privatizarnos el viento, no vamos a permitir que nos expropien el mar”», expuso.

Asimismo, la presidenta insular añadió al término de la reunión: “Ya advertimos que íbamos a adoptar una estrategia común entre el Cabildo, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos en contra del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (Proac)”.

«No nos oponemos a esta actividad económica por sistema, porque la aceptamos cuando las instalaciones se ejecutan en tierra. Pero planteamos una defensa jurídica común contra el planteamiento que se realizó en su momento en ese documento porque afectaría a las costas de Arrecife, Playa Honda y Tías”, detalló Corujo.