No se tiene constancia de que en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria se haya pronunciado nunca una palabra más alta que otra. Al menos desde que en junio de 1999 aterrizó el magistrado Alberto Puebla. Venía de un primer destino en La Palma, que se prolongó durante cinco años y en el que vio nacer a uno de sus dos hijos (está casado y tiene una chica de 15 años y un chico de 14). Tal vez por eso le gusta decir que es medio palmero. Desde el pasado viernes este magistrado madrileño es nuevo miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cargo al que accede después de ser el más votado de cuantos se presentaron.
Alberto Puebla Contreras (Madrid, 1964) no es de los jueces que se prodiguen en los medios de comunicación. De hecho, en quince años de carrera judicial no se le conocen declaraciones públicas de ningún tipo, aun a pesar de que en su juzgado se investigan asuntos de tal relevancia como el 'caso Sara Morales' o la 'operación Brisan'. Sin embargo, ese rechazo a publicitar la vida judicial no le ha impedido tener una excelente prensa entre los compañeros de la carrera judicial, que le mostraron todo su apoyo a las elecciones a la Sala de Gobierno y que le consideran un magistrado solvente.
Cursaba tercero de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid cuando surgió la gran duda de si ser juez o fiscal. Poco antes había terminado el servicio militar como alférez en Alicante y había decidido que como futbolista difícilmente podría vivir el resto de su vida. Fue portero del Alcorcón, ese equipo que se hizo famoso hace un mes por endosarle cuatro goles como cuatro soles al Real Madrid galáctico de Cristiano Ronaldo. Pero su padre, ya fallecido, le aconsejó que cambiara de aires después de que el club le diera un talón sin fondos para cubrir dietas y desplazamientos. Se sintió engañado, y apostó por la toga.
Es el único miembro de su familia que se decidió por las letras. Entre sus cuatro hermanos hay un físico que ejerce de controlador aéreo, un ingeniero de caminos y hasta una matemática. Pero lo suyo siempre fueron las Leyes.
¿Juez o fiscal? Esa era la duda. Se resolvió en tercero de carrera, cuando entendió que siempre será mejor tomar las decisiones que proponer que otros las tomen. Y se marchó a La Palma, en abril de 1994, recién salido de la escuela judicial, recién casado, y recién estrenada su paternidad de una joven que hoy tiene ya 15 años.
Tomó posesión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma; trabajó mucho en lo que entonces era una justicia muy precaria, más en un isla menor y periférica. Allí dejó números amigos, pero se trajo un regalo: su segundo hijo. Por eso siente medio palmero, un pueblo del que le es muy difícil separarse del todo.
Así hasta que en 1999 ascendió a magistrado y aterrizó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Casi desde el principio de su carrera se hizo miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), básicamente porque su preparador pertenecía a ella y porque tiene mucha afinidad con gente de la asociación. Se caracterizó por ser un miembro más de la APM, alejado de la primera línea de combate, hasta que hace dos meses le propusieron encabezar una candidatura a la Sala de Gobierno que además se iba a unir a Jueces para la Democracia con el objetivo de acabar con supremacía de Francisco de Vitoria en los últimos veinte años.
EL MÁS VOTADO. La candidatura conjunta consiguió su objetivo: Los vitorinos pasaron de tener a seis de siete miembros posibles en el órgano de gobierno de los jueces canarios a quedarse con sólo uno. Por el contrario, lo que fue considerada una candidatura 'contra natura' por la unión de APM, de carácter conservador, con JpD, de carácter progresista, se hizo con los seis miembros que antes tenía FV. La clave, dos nombres: Alberto Puebla y Pedro Herrera, dos magistrados que han llegado a contar con la confianza sobrada de la siempre peculiar estirpe que se esconde bajos las togas.
De no esperar ser elegido, a ser el más votado. Así se resume la elección de Alberto Puebla como nuevo miembro de la Sala de Gobierno, un compartimento estanco en la Justicia que no se caracteriza por transparentar su labor. Al menos hasta el momento.
Dos pequeñas aficiones ocupan el tiempo libre de este magistrado, al margen, claro está, de la familia y los amigos. Dos veces por semana juega al baloncesto después de que lo convenciera para probar el deporte de la canasta el también magistrado Tomás Martín. Llegó tarde a este deporte (de joven fue futbolista) pero tiene una capacidad innata para luchar todos y cada uno de los balones y codearse con 'armarios' de mas de dos metros. Esa filosofía de lucha la aplica a la vida diaria. Nada es posible sin esfuerzo.
También canta en una coral, Nuestra Señora del Rosario, vinculada a la parroquia de Santo Domingo y con Pepita Suárez como directora. Pero eso ocurre cuando su trabajo de obrero de la justicia le da una tregua.
Y ahora es miembro de la Sala de Gobierno, una labor completamente voluntaria y que no le priva del día a día de un juzgado de instrucción de una capital de provincia, con sus guardias de veinticuatro horas. Alberto Puebla es el magistrado instructor de uno de los asuntos más desesperantes de la Justicia en Canarias, el 'caso Sara Morales'. En el próximo mes de julio se cumplirán cuatro años de la desaparición de una joven de 14 años cuando iba al encuentro con una amigo, y pese a la profunda y laboriosa investigación, nada se sabe de su paradero. Al igual que en la policía, este caso ha sido un quebradero de cabeza para todos los que trabajan en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital grancanaria, con Alberto Puebla, el juez tranquilo, a la cabeza.
