"No encontré ningún apoyo en la Consejería de Educación. Me sentí totalmente desasistida por la Administración pública, que me dijo que me buscase la vida, y por el centro educativo y la inspección de zona". Con estas palabras trataba de explicar ayer la profesora Esther Rodríguez Rodríguez el doble calvario que ha sufrido después de ser agredida en octubre de 2008 por una alumna en el Instituto de Educación de Secundaria (IES) de Teror, que le propinó un puñetazo que la dejó tumbada en el suelo y le causó lesiones físicas y psíquicas.

Esther Rodríguez se mostró ayer "satisfecha" con la sentencia, adelantada la pasada semana por LA PROVINCIA/DLP, que condena a un año de libertad vigilada a la menor que la agredió y obliga a los padres a pagarle una indemnización de 9.000 euros. Ahora espera que la resolución judicial -la primera en la historia de este país que califica como un delito a la autoridad pegar a un profesor- sirva para que los alumnos y los padres "reflexionen". Expresó su decepción por la actitud de la Consejería de Educación, que sólo parece preocupada por "tapar" las agresiones que se producen en los centros.

"Afortunadamente", añadió, "en mi centro yo he sido la única que ha sufrido un agresión, pero hay más situaciones de violencia. Los profesores sufrimos diariamente violencia verbal. Cuando los profesores denuncian, nos coaccionan para que no sigamos adelante y corramos un tupido velo. Educación no quiere que se sepa cuál es la situación de los centros educativos".

A lo largo de media hora, Rodríguez tras una rueda de prensa que ofreció ayer, dijo lo sola que se sintió tras la agresión. El único apoyo recibido fue por parte del sindicato Docentes Interinos y Sustitutos de Canarias (Insucan), que le prestó asesoramiento jurídico y psicológico.

Ningún apoyo recibió tampoco por parte del equipo directivo del centro, ni después de la agresión ni ahora, tras la sentencia que le da la razón. "No recibí ninguna llamada, pese a que estaba a muy mal. La relación es la misma de antes: no hay palabras", se quejó.

De hecho, sostuvo, sólo cuenta con el apoyo de "una parte" del profesorado, pese a lo cual jamás se ha planteado dejar el instituto. "¿Por qué? Yo no hice nada malo", cuenta mientras aclara que incluso le llegaron a sugerir que cambiara de centro.

También le costó conseguir el traslado a otro instituto de la menor que la agredió, proceso en el que se tardó dos meses. Aproximadamente el mismo periodo que Rodríguez pasó de baja para recuperarse de las secuelas físicas y psíquicas que le dejó la agresión de la menor, a la que no daba clases y no conocía de nada.

Reconoce que aún "siente miedo" de volver a ser agredida y que toma somníferos para controlar la angustia y la ansiedad que aún padece. "Tardé mucho tiempo en superar las secuelas físicas y las psicológicas aún las tengo. Sigo padeciendo día a día secuelas psicológicas. Nunca voy a olvidar lo que ocurrió. Hay noches en las que me despierto con angustia y ansiedad. Eso jamás se olvida", relata Rodríguez, quien entiende que uno de los aspectos importantes de la sentencia radica en que "las intimidaciones y agresiones van a ser perseguidas. Si pasa algo, parece que los profesores somos siempre los culpables".

En este sentido, Ernesto Perera, representante de Insucan, cuestionó las declaraciones realizadas por la consejera de Educación del Gobierno canario, Milagros Luis Brito, que relacionó la sentencia con el protocolo suscrito, hace unas semanas, entre su departamento y la Fiscalía de Canarias para atender a los docentes agredidos. Según Perera, la Consejería se decidió por realizar un protocolo después de que el sindicato llevase tres años reclamándolo y de "que le presentásemos nuestra propuestas. El protocolo es una copia de nuestras propuestas, en la que elimina todos aquellos recursos que le cuestan dinero, como establecer medidas de prevención para que no se llegue a las agresiones".

El abogado de Rodríguez, Francisco Perera, dice que está estudiando reclamar responsabilidades patrimoniales a la Consejería por la agresión, una vía que deja abierta la sentencia del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas.