El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vivió ayer uno de sus episodios más sorprendentes cuando el gobierno local desautorizó y acusó de obstaculizar sus iniciativas a los dos altos funcionarios del Estado -el interventor y la secretaria general- que velan por la legalidad de las decisiones de alcalde y concejales. La mayoría absoluta del PP en la corporación bastó para levantar los reparos que ambos funcionarios del cuerpo de habilitados nacionales pusieron a la incorporación de un nuevo cargo directivo procedente del Gobierno canario -Jorge González Roiz- que realizará las funciones de auditor municipal, un puesto creado a finales de los años 90 y que está vacante desde 2000.

El informe del interventor general, que en plenos como el de ayer se sienta a la izquierda del alcalde, concluye diciendo que la tramitación de este expediente de traslado y del crédito propuesto son" inadecuados", por que se muestra disconforme con el mismo. De la misma opinión se muestra el informe realizado por la secretaria general municipal, que también pone reparos a este traslado.

La oposición municipal aprovechó este punto del debate para cargar las tintas contra el gobierno del PP. "Hay límites que no se pueden cruzar, señor Rivero, y este, el de la legalidad, es uno de ellos", espetó Isabel Mena (PSOE) al director de gobierno Claudio Rivero, "dos funcionarios de esta casa han puesto reparos a la contratación de un nuevo alto cargo y el único que da el visto bueno es un director general que usted colocó y es amigo suyo, todo para seguir enchufando a sus amigos en el Ayuntamiento". Por Compromiso, Nardy Barrios calificó este punto del pleno de "auténtico disparate" y pidió la retirada del expediente para que volviera a ser tramitado, algo que el PP rechazó con su mayoría.

Por las filas del gobierno, el aludido Claudio Rivero defendió la idoneidad del nuevo auditor, un jefe de servicio del Tribunal Económico Administrativo Canario, y lanzó una andanada a Mena con segundas lecturas. "¡Qué bien se hace oposición con la colaboración de los funcionarios!", señaló Rivero en velada alusión al interventor y a la secretaria. Rivero también defendió el traslado con el argumento de que en la plantilla municipal no hay personal de tan alta cualificación para ocupar el cargo de auditor.

Tras el pleno, el director de gobierno se despachó de nuevo contra ambos funcionarios. "Lo que se ha escenificado en el pleno es la reacción del interventor y de la secretaria ante la modernización de la administración municipal porque en breve van a cobrar mil euros menos al mes y se resisten a perderlo, por eso se ponen reparos a nuestros expedientes, pero queremos dejar claro que la política de personal del Ayuntamiento la marca el grupo de gobierno, no un funcionario". Estos dos funcionarios habilitados cobran unos 84.000 euros anuales mientras que la remuneración del alcalde es de 63.000.