El pleito por el derrumbe de los diez chalés de Pancho Guerra ha quedado visto para sentencia tras presentar las partes sus informe finales. Los perjudicados han reclamado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una indemnización de 5,8 millones de euros, cantidad que se corresponde con el resultado de las periciales encargadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital para evaluar los daños de las casas y de las familias afectadas.
La titular de dicho órgano judicial, Olimpia del Rosario Palenzuela, deberá dictar sentencia en las próximas semanas. La demanda interpuesta se fundamenta en tres argumentos principales: el muro de contención que se desplomó sobre las casas era propiedad municipal; los vecinos presentaron denuncias previas para informar al Consistorio de su mal estado de conservación, y el mismo gobierno local encargó la fabricación de esa infraestructura tras ordenar una modificación del proyecto.
La tragedia de las viviendas de la calle Pancho Guerra, construidas en 1991, se produjo el 23 de febrero de 2006, causó la muerte de tres personas y dejó sin hogar a 32 vecinos. La responsabilidad penal de esos hechos ya está cerrada. El ingeniero que construyó el muro, Fernando Poch, aceptó el pasado mes de enero dos años de cárcel y diez de inhabilitación al llegar a un acuerdo con los denunciantes.
La sentencia, dictada de conformidad por el Juzgado de lo Penal número 6, deja en una situación delicada al Ayuntamiento, pues parte de los hechos declarados probados sirven de base a los afectados para reclamar la responsabilidad del Consistorio.
El gobierno local concedió la licencia para construir los diez chalés el 27 de junio de 1989. El solar elegido está situado a 25 metros por debajo del Parque Frío, un espacio que es de titularidad municipal. Para salvar ese desnivel, el proyecto inicial contemplaba recubrir de hormigón la ladera, pero el Ayuntamiento requirió el 6 de octubre de 1989 a la empresa que ejecutase un muro de contención. Esa obra la hizo Cimentaciones Archipiélago SL, cuyo dueño y administrador es Fernando Poch. El propio ingeniero industrial se encargó de la dirección técnica.
"Un bosquejo manuscrito"
La sentencia también establece que el muro "no estaba debidamente proyectado ni visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales", sino que se edificó "únicamente a partir de un bosquejo manuscrito por el acusado carente de detalles mínimos indispensables para que sirviera de pantalla protectora antes eventuales desprendimientos". Además, añade que las condiciones de la infraestructura eran "inadecuadas" para sostenerse, principalmente porque fue sujetada al talud del parque contiguo con anclajes que se partieron al no estar protegidos contra la humedad.
Los perjudicados creen que la institución tenía la obligación de velar por el cuidado de muro, al ser su propietario.
Sin embargo, los servicios jurídicos municipales consideran que no se puede culpar al Consistorio de los daños causados por cualquier obra ejecutada en la ciudad. Asimismo niegan que la Corporación debiera supervisar el estado del muro y su adecuación al proyecto encargado, responsabilidad que achacan a Cimentaciones Archipiélago SL y Monramar SL.
Esta última empresa es la que contrató a la del ingeniero para ejecutar el muro, pero desapareció hace años y no se ha podido proceder judicialmente contra sus administradores.
