Siete asociaciones del taxi han exigido este miércoles cambios en la Ley de Transporte por Carretera de Canarias de 2007, a la que culpan de que los "floteros" acaparen casi la mitad de las licencias de Las Palmas de Gran Canaria, así como del "fraude y las corruptelas" que ocurren en otros municipios.
Estas asociaciones de varios puntos de Gran Canaria, así como de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Adeje, apoyados por los partidos Compromiso, Nueva Canarias y PSOE, han reclamado además la dimisión del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso (PP), por haber permitido que los floteros gestionen en la ciudad entre 600 y 700 licencias irregularmente.
Los autónomos y asalariados del taxi consideran que la Ley aprobada en 2007 posibilita la figura del flotero, que calculan que pueden obtener diariamente una media de ganancias de 6.500 euros (los que controlan 60 coches), por lo que para eliminar esta situación es preciso modificar la citada norma, ha subrayado el presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias, Expedito Suárez.
"Lo que pasa en Las Palmas de Gran Canaria no ocurre en ningún otro lado", ha afirmado la presidenta de la asociación de asalariados del taxi de la ciudad, María Eugenia García, quien ha denunciado que Sabroso conoce las irregularidades del sector desde el inicio del mandato, porque ella misma se las expuso, por lo que "prevarica desde el minuto 1".
El Ayuntamiento de la capital ha permitido que caduquen los 70 expedientes que se abrieron a raíz de los controles que se iniciaron por el anterior gobierno socialista, según Suárez, quien presentó un escrito el 18 de mayo de 2012 para se cumpliera "escrupulosamente y por igual la legalidad vigente en el municipio", algo que, de haberse hecho, habría evitado el fraude existente.
