La Audiencia Provincial juzga hoy a Rafael L. G. y a Ana Belén Q. V. por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores por no haber retribuido a 11 empleadas por la labor de teleoperadoras realizada conforme lo acordado previamente con ellas. El fiscal, de cuyo escrito de acusación se desprende que las demandantes fueron explotadas, solicita penas de cuatro y tres años de prisión, respectivamente, para los acusados, así como el pago de 20 euros diarios durante diez meses por parte de ambos.
El citado escrito destaca que los acusados, "guiados por la intención de obtener un beneficio económico a costa del esfuerzo ajeno, y con la finalidad principal de desarrollar una actividad de captación de clientes de telefonía móvil" para compañías de las actuaban como comerciales, crearon diversas páginas web a través de las que ofertaban puestos de trabajo de teleoperadoras. Por estos trabajos ofrecían retribuciones diferentes. En unos casos, se trataba de una cantidad fija más otra en función de un "rendimiento" establecido por los acusados de "manera unilateral", mientras que en otros casos el pago dependía exclusivamente del citado rendimiento unilateral, un sistema de pago que se reveló una trampa, pues el incumplimiento de los objetivos de captación de clientes era el pretexto esgrimido para no pagar a las teleoperadoras por el trabajo realizado.
El fiscal destaca que los acusados se aprovechaban de "la necesidad económica de las personas que pretendían trabajar" para concertar el empleo "con la promesa" de suscribir posteriormente el contrato y materializar el alta en la Seguridad Social. Asimismo, añade que los imputados "nunca tuvieron la intención de contratar a las trabajadoras ni de darles de alta como empleados de su empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social", al tiempo que añade que el único objetivo era "aprovecharse" de su trabajo.
Resalta el fiscal que llegaron a trabajar en la empresa de la pareja de acusados de manera gratuita y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social un total de 31 empleadas, si bien nunca más de cinco simultáneamente. Las teleoperadoras realizaban su labor en una habitación del domicilio de la pareja -en la calle Lomo de La Plana- de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, todas ellas por periodos superiores a un mes. Algunas de ellas, como la denunciante V. V. T. S., no llegaron a cobrar ni un solo euro. Otras únicamente percibieron el fijo estipulado de 300 euros, si bien nunca fueron contratadas.
El fraude continuó durante meses con distintas mujeres hasta que, el 20 de febrero de 2013, unos funcionarios de la Seguridad Social, acompañados de la Policía Nacional, visitaron el domicilio de los acusados y destaparon la estafa.