El cierre del restaurante del Club Náutico el pasado lunes ha desembocado en la dimisión irrevocable de siete integrantes de la Junta. Los directivos consideran que su presidente, Fernando del Castillo, ha vulnerado un acuerdo unánime por el que se prorrogaba al menos un mes la concesión al último adjudicatario y se evitaba, de este modo, la interrupción del servicio a los socios. El equipo ya sufrió dos bajas hace unos meses, con lo que de 15 miembros ha pasado a seis.
Alejandra García (vicepresidenta), Fernando Juárez (vicecomodoro), Segismundo Cárdenes (presidente de Recreo), María Teresa Chesa (vicepresidenta de Recreo), Margarita Roca (vocal) y María Paola González (vocal) presentaron ayer un escrito de renuncia en el que revelan que el día 30 de julio se produjo una reunión extraordinaria de la Junta, convocada por la vicepresidenta, y a la que no acudió Del Castillo por encontrarse enfermo. En este encuentro se acordó por unanimidad -con la ausencia de la tesorera Karina Marrero, que salió de la sala antes de la votación- "la continuidad de la concesionaria de los servicios de restauración del RCNGC, mediante a un anexo al contrato, durante un máximo de dos meses, con objeto de poder continuar prestando este servicio al socio, hasta tanto se renueven las cocinas y se otorgue, tras nuevo concurso, a una nueva concesionaria", según consta en el texto entregado ayer por los siete directivos en la administración del Club. Fradarias, última adjudicataria del servicio, se había ofrecido a llevar a cargo la tarea y reformar las cocinas, y a cambio se le eximía del pago del canon de 7.500 euros mensuales.
Sin embargo, al día siguiente, el presidente se puso en contacto con los miembros de la Junta y les anunció que no estaba dispuesto a prorrogar la concesión. El martes 2 se llevó a cabo una reunión a la que pudo asistir Del Castillo, pero no hubo marcha atrás en su decisión.
Según alegan los directivos, sus argumentos se basan en "datos no ciertos" y critican que el presidente se salte los estatutos, que le obligan a dar cumplimiento y ejecutar los acuerdos de la Junta. Además, al no observar "ni reconocimiento, ni arrepentimiento" y por la "gravedad de los hechos" han renunciado a sus responsabilidades en el órgano que rige la sociedad centenaria.