La junta de personal de los juzgados capitalinos se ha reunido con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, para pedirle que proteja a una funcionaria expulsada del servicio de guardia por "pérdida de confianza".
La afectada, con 26 años de servicio, ha sido vetada en las guardias por el magistrado Luis Galván, que le atribuye retrasos injustificados en el trabajo ordinario. La junta de personal sostiene que el juez no tiene competencias disciplinarias sobre los funcionarios, razón por la que reclaman el apoyo de Barragán. También barajan querellarse contra el juez.
El presidente de la junta de Personal, Luis Piernavieja, aclara que las guardias son un "derecho y una obligación" de toda la plantilla. El Consejo General del Poder Judicial, en ese sentido, ha dado la razón a un funcionario de Barcelona que fue excluido del servicio en un caso parecido, explica Piernavieja, que tacha la decisión judicial de "arbitraria", "subjetiva" e "inadmisible". La trabajadora ha sido expulsada por la Guardia Civil dos veces tras ordenarlo el juez Galván. Hoy tratará de incorporarse al servicio en compañía de una delegación sindical.
