Un hombre admite ante el juez que cometió un fraude contra la Seguridad Social cuyo valor roza el millón de euros, con la creación de empresas en las que no pagaba la cotización de sus empleados. Una vez que la Tesorería informaba al acusado de que debía pagar la deuda, este creaba una nueva sociedad cuya única administradora era su pareja. De este modo evitó saldar el monto adeudado durante ocho años.
Óscar Eduardo C, de 43 años, y su mujer Isabel Claudia R, de 51 años, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas tras ser investigados por, presuntamente, cometer dos delitos contra la Seguridad Social y dos de falsificación, uno en documento mercantil y otro en documento público, por los que el ministerio público pide una pena de 12 años de cárcel y una multa de 1.695.639,69 euros para cada uno.
El hombre aseguró que dejó de pagar las cotizaciones de sus empleados a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por problemas económicos y apuntó que decidieron "darle prioridad al salario de los trabajadores" por encima de la deuda contraída con la Administración. Asimismo, admitió que fueron sus asesores los que le recomendaron crear una segunda empresa cuando llegaron las cartas de cobro a los clientes de la primera empresa en las que la Seguridad Social les instaba a retener el dinero de la factura, debido a que la sociedad contaba con una deuda. Igualmente, insistió en que su mujer no sabía nada de lo que estaba sucediendo, a pesar de ser administradora de tres de las seis empresas constituidas por los encausados.
"Es mi culpa, porque hice presupuestos que se quedaban cortos", relató el procesado, a la vez que sostuvo que no sabía que en el resto de empresas contaba con deudas en la TGSS y que los primeros cuatro años de la primera sociedad que constituyó pagó correctamente las cotizaciones de sus trabajadores. "Creamos otra empresa para poder cobrar a los clientes y poder seguir pagando a los empleados, algo que nunca dejamos de hacer", resaltó el encausado. También declaró que, con cada empresa nueva que creaba, mantenía los mismos clientes y trabajadores, porque "la ley obligaba a subrogar".
El investigado aseveró además que intentó saldar la deuda y pidió un plazo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE) de la Seguridad Social y estos le dijeron que debía depositar el 40% de la deuda, que, para ese entonces, era de 99.889.61 euros, más un aval bancario, algo que "no podían" permitirse. "Era consciente de la deuda, pero debía pagar a los trabajadores", resaltó Óscar Eduardo C.
Respecto a la última empresa creada por los encausados, el hombre señaló que decidieron que fuese su padre el administrador para que lo dejaran tranquilo. "Cuando vi que no nos dejaban en paz, mi padre decidió montar la sociedad y ponerme como trabajador. Nos iba bien, pero le dieron la responsabilidad de la deuda a mi padre. Nosotros solo queríamos salir adelante", subrayó.
De igual forma, manifestó que sus asesores le explicaron que con la creación de esas otras cinco empresas no "estaría cometiendo un fraude al ser los mismos dueños". Sin embargo, dos asesores que comparecieron en calidad de testigos destacaron que no recomendarían eso a sus clientes, porque incurrirían en un delito.
Por su parte, Isabel Claudia R. negó estar al tanto de lo que sucedía y relato que solo firmaba lo que su pareja le pedía. "Yo no tenía bienes ni nada que aportar, por ello era trabajadora. Me enteré de todo porque la inspectora de trabajo me informó", sentenció, a la vez que sostuvo que desde la Seguridad Social no les dejaban trabajar y "estaban todo el día encima" de ellos. "Había que cambiar de empresa para salir adelante", sentenció la acusada.
Concretamente, los investigados crearon las siguientes empresas a nombre de Isabel Claudia R: Enrivata Servicios S.C.P. (2005), Serviplus Canarias Employment S. L. U. (2009) y Averías 24 horas Serviplus S.L.U. (2011), en la primera ella tenía el 95% de las acciones y en las otras dos era la única dueña. Posteriormente crearon Centro Especial Servitecni Comunidades, S.L. (2012) y Servitecni Lanzarote y Fuerteventura, S.L. (2014) cuyo único socio es Óscar Eduardo C. La última sociedad creada fue Servicios, Limpieza y Socorrismo Hoteles, S.L.U. (2016) a nombre del padre del acusado. Todas se dedicaban a la misma actividad que consistía en la prestación de servicio de limpieza, consejería y mantenimiento de establecimientos hoteleros y comunidades de propietarios.
La perito de la Seguridad Social explicó que Isabel Claudia R. si tenía conocimiento de las deudas de sus tres empresas. "Tuve muchas reuniones con ella, me decían que cambiarían a los administradores, pero nunca lo hicieron", contó la especialista.
La fiscal pide una condena, para cada uno de ellos, de 12 años de cárcel, multa de 1.695.639,69 euros, por dos delitos contra la Seguridad Social, uno de falsedad en documento público y otro en documento mercantil ,ya que, según la fiscal, manipularon un certificado de situación de cotización, así como cuatro recibos del Banco Popular a nombre de Servitecni que entregaron a una comunidad de propietarios para hacerles creer que habían abonado las cotizaciones de sus trabajadores. También pide que indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Seguridad Social con 561.973,23 euros La defensa de los acusados echó la culpa a la Seguridad Social de los impagos "por embargar la caja de las empresas" y solicitó la libre absolución de sus clientes. El juicio quedó visto para sentencia.
