El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se reunirá este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. En el orden del día, un único punto: la resolución del otorgamiento de licencia solicitada por Odiel Towage -una filial española del grupo alemán Fairplay- para el servicio portuario de remolque de buques de una potencia superior a 1.000 caballos en el Puerto de Las Palmas.
La convocatoria de la reunión, realizada de manera formal durante la mañana de ayer por el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, es la segunda de esta semana después de que este mismo punto del orden del día quedara sobre la mesa del consejo en la cita que tuvo lugar el lunes. Ese día, poco antes de que comenzara la reunión, la Abogacía del Estado en Puertos del Estado planteó su preocupación por un escrito de alegaciones presentado por la Asociación nacional de remolcadores de España (Anare) y pidió a los Puertos de Las Palmas que dejaran el asunto sobre la mesa hasta poder estudiarlo en profundidad.
Decisión final
Anare planteaba en su reclamación que el procedimiento podría contener un defecto de forma debido a que no fue consultada como parte interesada durante el trámite de audiencia de la licencia. Tanto la Abogacía del Estado en Las Palmas como la Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria consideraban que no era así, pero las dudas de Puertos del Estado -en caso de haber un defecto de forma se podría declarar una nulidad de todo el expediente- llevaron al directorio portuario a paralizar la decisión final sobre el asunto, según explicó Ibarra en la rueda de prensa posterior al consejo. La reunión del lunes fue tensa y bronca cuando se trató el tema, de acuerdo con varias fuentes que estuvieron presentes.
El presidente de los Puertos de Las Palmas ya anunció en ese mismo encuentro con periodistas su intención de celebrar otra reunión del consejo de administración de forma inminente para tratar el asunto, toda vez que esperaba una respuesta pronta por parte de Puertos del Estado que aclare si el expediente puede ser aprobado o no. La convocatoria para decidir sobre la licencia -en realidad, la tercera que solicita la subsidiaria española de Fairplay en menos de tres años y que supondría la entrada por primera vez de una empresa para competir en el servicio de remolque- ha tardado finalmente menos de 24 horas en tomar forma.
