Las empresas que presten el servicio de remolque en las aguas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas deberán hacerlo en todos los recintos de la institución portuaria en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Esta obligación es una de las principales variaciones del nuevo pliego de prescripciones particulares para el servicio portuario de remolque con respecto al anterior, que data de 1994. El Consejo de Administración de los Puertos de Las Palmas dio ayer el visto bueno al documento en una reunión telemática -la primera que celebra desde la declaración del estado de alarma a mediados de marzo- tras el pulso que han mantenido los dos grupos empresariales que lo prestan en la actualidad, Boluda y Fairplay.
El nuevo pliego de remolque contempla la presencia de manera fija de siete unidades en Gran Canaria. Dos de ellas, de menor potencia, se dedicarán sobre todo a las operaciones de entrada y salida a los astilleros de reparaciones navales que hay en el Puerto de La Luz y las otras cinco, a realizar operaciones en las distintas dársenas del recinto capitalino y en los puertos de Salinetas y Arinaga. Habrá una en Fuerteventura y otra en Lanzarote, según detalló el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, tras la reunión del consejo.
Ibarra subrayó la necesidad de actualizar el pliego de remolque por el desfase que presentaba el anterior, debido al crecimiento que han experimentado recintos como La Luz o Arinaga en los últimos 26 años. Insistió, asimismo, en la necesidad de aprobarlo en estos momentos ante la posibilidad de que Lanzarote y Fuerteventura se pudieran quedar sin servicio, puesto que la licencia concedida a Fairplay hace menos de dos meses está limitada a Gran Canaria, así como por las advertencias realizadas por Boluda sobre una posible retirada de estas islas si la obligación de operar en Arrecife y Puerto del Rosario no se extendía a la otra empresa.
Pocas horas antes de la reunión, los vocales del Consejo de Administración tuvieron conocimiento de una carta remitida por Fairplay. En ella, la empresa subrayaba su oposición a la tramitación del pliego durante el estado de alarma y lamentaba por ser "a todas luces insuficiente" el plazo de cadencia de tres meses antes de la entrada en vigor que tendrá la norma una vez sea publicada en el BOE, debido a la complejidad del proceso de cambio de bandera de los buques de esta empresa de origen alemán. La misiva también les advertía sobre "las consecuencias y responsabilidades en que ellos personalmente pueden incurrir por las decisiones tomadas en la reunión". Los miembros del directorio votaron a favor del nuevo pliego por abrumadora mayoría, con una sola abstención, la del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.
Ibarra mostró su convicción sobre el buen hacer de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante la tramitación del pliego en la situación actual. "Estamos absolutamente convencidos de que hemos hecho las cosas correctamente y así lo ha dicho Puertos del Estado", indicó. Con respecto al plazo de adaptación de las empresas a los nuevos requerimientos técnicos, insistió en que la administración portuaria no tendrá inconveniente en otorgar una moratoria extraordinaria a quien pueda necesitarla si, una vez cumplido el plazo estipulado, demuestra que está tramitando los cambios necesarios.
El nuevo Muelle Deportivo
- El consejo también trató la propuesta para la convocatoria de un concurso para la explotación de la zona terrestre y las láminas de agua de las dársenas de embarcaciones del Puerto de La Luz y de Puerto del Rosario. El proyecto contempla una ampliación del Muelle Deportivo de la capital con nuevas dársenas que permitirán duplicar en los próximos años su capacidad actual. La empresa que lo construya una vez avancen los trabajos en el Reina Sofía que den más abrigo a esta zona también se encargará de su explotación durante las siguientes décadas.
