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El Ayuntamiento desiste de incluir los locales de alterne en el PGO de la capital

El tripartito acepta las alegaciones en contra de abordar un problema social desde Urbanismo

Los locales de alterne seguirán sin estar regulados en Las Palmas de Gran Canaria dentro del Plan General de Ordenación. El Ayuntamiento capitalino llevó esta cuestión a la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible de ayer para que los establecimientos de "naturaleza sexual" contaran con una serie de requerimientos urbanísticos. Pero, finalmente, el tripartido que dirige el alcalde Augusto Hidalgo decidió desistir con esta propuesta al aceptar una serie de alegaciones que plantean que se trata de una problemática, la prostitución y la trata de mujeres, de tintes sociales.

"Hemos decidido suprimir este punto y no lo abordaremos hasta que no haya una legislación autonómica y/o estatal, sobre todo esta última, con respecto a este sector pues ahora está en un limbo", señaló ayer Javier Doreste, concejal de Urbanismo. Es más, reconoció que las diferentes alegaciones presentadas por esta cuestión estaban "muy bien fundamentadas", dado el problema de índole social que podría generar la aplicación de la normativa propuesta.

El Ayuntamiento aprobó de manera inicial en octubre de 2018 incluir estos locales dentro de la normativa vigente, de ahí que se necesitara una modificación de las normas de ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO), cuestión que trató ayer la comisión de pleno junto a otros temas como la vivienda vacacional, cuyo periplo para su regularización también comenzó hace dos años.

Y es que las diferentes asociaciones que presentaron alegaciones señalaron que esta cuestión no podía tratarse desde un punto de vista urbanístico si no social. De haberse aplicado, habría supuesto que un prostíbulo no podría estar a menos de 300 metros de un colegio; además, tendría que haber al menos 150 metros de distancia entre cada negocio y estos tendrían que contar con seguridad privada.

Asociaciones como Cáritas o Médicos del Mundo, al igual que también lo hizo el Partido Popular, presentaron alegaciones en contra de inclusión en la normativa municipal al tratarse de una cuestión social.

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