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El exgerente de la Fundación Puertos declina explicar su renuncia al cargo

Autoridad Portuaria investiga su gestión al frente del organismo tras detectar irregularidades

Sergio Galván La Provincia

El hasta la semana pasada gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Sergio Galván, declinó ayer sábado hacer declaraciones para explicar el motivo de la investigación abierta por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, tras la presuntas irregularidades detectadas, tanto en las facturas como en contrataciones de la entidad.

Galván presentó su renuncia al cargo este pasado 13 de abril, justo en medio de las pesquisas que lleva a cabo la Autoridad Portuaria de Las Palmas centradas en la celebración de un congreso en el Auditorio Alfredo Krauss en la primavera de 2019 sobre reparaciones navales y suministros organizado por la citada fundación, y que es fruto de la detección de esas posibles irregularidades por parte del departamento que preside José Luis Ábalos.

El proceso abierto se centra, según ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, en los contratos suscritos con la empresa Viajes Airexpress para la celebración de esa cita que, según se publicita, “trata de impulsar la internacionalización, la exportación y la competitividad de pymes portuarias (reparaciones navales y provisionistas de buques), a través de la innovación, la tecnología y la cooperación empresarial”. En su organización participan tanto la propia fundación como Autoridad Portuaria, con la colaboración de entidades como Femepa, Clúster Marítimo de Canarias y SPEGC (Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria), si bien el objeto de investigación se centra solo en la primera de ellas.

Se da la circunstancia que el ya exgerente tenía la intención de abandonar el cargo, en el que ha estado al frente durante 17 años, el junio. Sin embargo fue el pasado martes 13 de abril cuando comunicó su salida explicando que el hecho se debía a que había llegado su momento de jubilación. Según Autoridad Portuaria esa pasada semana la investigación estaba finalizada y ha remitido toda la documentación a la Intervención General de la Administración del Estado, para que valore si es necesaria la apertura de una auditoría.

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