Un empresario de la construcción logra eludir la cárcel tras devolver el dinero que defraudó a la Seguridad Social entre enero de 2009 y abril de 2015 y obtener así una rebaja de condena de tres a dos años de prisión. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el letrado Víctor Machado Carvajal en representación del condenado por lo que el Tribunal consideró que «en línea con las nuevas tendencias de la doctrina penal como la de ‘justicia restaurativa’ y la jurisprudencia conocida como ‘casos Messi y Ronaldo’ y, sin inmiscuirse en la competencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas» -que fue quien le sentenció-, entiende «procedente» la rebaja que solicitó el abogado para su defendido a fin de que se «acuerde la suspensión de la pena» y que se devuelva al Erario Público lo defraudado.
Por lo que el presidente saliente del TSJC, Antonio Doreste Armas resolvió revocar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial con el «exclusivo extremo» de rebajar la pena de tres a dos años de prisión pero la confirman en los demás pronunciamientos tales como la multa interpuesta. Por lo que el procesado queda en libertad tras carecer de antecedentes penales computables.
La Sala aplica la jurisprudencia ‘casos Messi y Ronaldo’ para reducir de tres a dos años la pena
Según el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el condenado se dio de alta como autónomo para efectuar trabajos de construcción en agosto de 2007. «Entre enero de 2009 a diciembre de 2012 y en enero de 2014» dejó de pagar voluntariamente las cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) generando así un descubierto de 88.795.53 euros. Además, entre diciembre de 2009 y enero de 2015 sumó una deuda respecto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por 8.906,92 euros. Debido a esto, constituyó una sociedad limitada con el mismo objeto social y en la que ocasionó un impago de 17.713, 23 euros entre diciembre de 2012 y septiembre de 2013.
Asimismo, con el fin de evitar el pago de las cuotas a la TGSS fundó otra empresa a la que traspasó cinco trabajadores de la anterior y contrató a otros tantos causando una deuda total de 235.914.89 euros de los que 52.718,63 son recargos y 9.145.77 intereses. Ninguno de los 45 trabajadores que llegó a dar de alta el empresario cotizaron en la Seguridad Social.
El Tribunal también le condenó a pagar una multa de 522.151,47 euros con la responsabilidad subsidiaria de seis meses de prisión en caso de impago.
