El diseño de unas nuevas instalaciones fronterizas de control de mercancías para el Puerto de Las Palmas ha generado una pugna administrativa y judicial entre la Autoridad Portuaria y el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Sus miembros no fueron incluidos en el equipo técnico mínimo requerido en los pliegos del proyecto, redactados en 2019, y reclamaron ante la justicia. Dos años después, Audiencia Nacional ha fallado a su favor: el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tcarc), que en su día no admitió el recurso que presentaron por los ingenieros, deberá ahora revisar los pliegos y decidir si fueron discriminados.
Los pliegos recurridos exigían la presencia de un arquitecto y un ingeniero industrial
El nuevo punto de inspección fronteriza, emplazado en las calles interiores de la dársena de África sobre una parcela de 13.692 metros cuadrados, es una vieja reclamación de la comunidad portuaria de La Luz para adaptar las instalaciones al volumen de tráfico, que se ha duplicado con creces en el cuarto de siglo que ha transcurrido desde que comenzaron a funcionar las actuales. La Autoridad Portuaria asumió en enero de 2019 el proyecto y puso en marcha la licitación de una asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y del de ejecución, pero en el apartado de medios humanos los pliegos solo recogían la obligatoriedad de incluir otros perfiles profesionales -un arquitecto como director de la redacción del proyecto y coordinador general del equipo y un ingeniero industrial- al no considerar imprescindible la presencia de los ingenieros de caminos para diseñar el inmueble.
La demarcación en Las Palmas del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos entendió que sus miembros no habían sido tratados con equidad, por lo que se reunió con la Autoridad Portuaria, por entonces presidida por Juan José Cardona, para solicitar una modificación de los pliegos. Al no lograrla, los ingenieros presentaron un recurso especial en materia contractual ante el Tcarc en febrero de 2019 en el que argumentaban que habían sido «indebidamente discriminados.
Suspensión del procedimiento
El recurso motivó una suspensión temporal del procedimiento de contratación que fue levantada en abril de ese mismo año, cuando el tribunal decidió no admitir el recurso del Colegio. En cualquier caso, la resolución no entraba de lleno en el fondo del asunto -esto es, si los ingenieros de caminos habían sido discriminados- y rechazaba la solicitud del Colegio al no considerarse competente para entrar a valorar los pliegos que estaban siendo impugnados. La Autoridad Portuaria adjudicó finalmente la asistencia técnica en noviembre de ese año y espera recibir el proyecto antes de que concluya 2021, según indicó ayer su presidente, Luis Ibarra.
Con su fallo, la sala anula la resolución del tribunal que rechazó en su día la reclamación
El Colegio continuó adelante su reclamación por la vía judicial. Tras la resolución del Tcarc presentó el recurso contencioso administrativo sobre el que ahora ha fallado la Audiencia Nacional . En él pedía a la sala que dejara sin efecto la decisión del Tcarc y anulara los pliegos y la licitación reconociendo que sus miembros deben formar parte del equipo técnico al menos como directores en la redacción del proyecto, en igualdad de condiciones que los arquitectos superiores. La Abogacía del Estado, por su parte, solicitó la desestimación parcial del recurso declarando que no procedía modificar la resolución por la que se aprobaba el expediente de licitación.
En la sentencia, fechada el pasado 10 de septiembre, la sección octava de la Sala de lo Contencioso considera que el Tcarc sí era competente para resolver el recurso presentado por el Colegio, por lo que concluye estimando el recurso de los ingenieros y anulando la resolución del Tcarc. La sala rechaza en el mismo fallo entrar en el examen de la cuestión de fondo de la queja, «pues no existe pronunciamiento por el órgano competente», y devuelve las actuaciones al tribunal administrativo para que admita el recurso, lo tramita y decida finalmente sobre el objeto de la queja. El decano de la demarcación del Colegio, Julio Rodríguez, aclaró ayer que no buscan anular las nuevas instalaciones fronterizas de control de mercancías, sino que quede apuntalado el reconocimiento de su capacitación profesional para ponerse al frente de este tipo de proyectos.
