La rehabilitación o demolición de la Casa de la Juventud, que cumple siete años cerrada porque se está cayendo, continúa en el aire.
El último informe encargado a los técnicos municipales concluye que el inmueble no se puede declarar en ruina, pero desde el gobierno tripartito no aclaran si rehabilitarán el edificio o dejarán que se siga cayendo.
Lo único que han hecho es reforzar el vallado del edificio, con un cerramiento más alto que, según los vecinos, tampoco impide que los gamberros sigan accediendo al recinto. De hecho, junto a la valla se pueden ver trozos de madera arrimados para facilitar el asalto al interior. El centro se ha convertido en un saco sin fondo en el que el consistorio lleva gastado un millón de euros.
La Casa de la Juventud Felo Monzón Geara, construida en 2011 en La Feria del Atlántico con los fondos del plan Zapatero, continúa deteriorándose, debido a los fallos de cimentación que padece por haberse construido en un terreno inestable, situado en un antiguo vertedero.
Al pésimo estado de las instalaciones se suman los actos vandálicos sufridos a lo largo de los últimos siete años. Tras una rehabilitación de urgencia en 2015, el Ayuntamiento decidió clausurar el edificio por el riesgo que entrañaba la continua aparición de grietas. Hasta el momento, el consistorio ha invertido un millón de euros entre la construcción (897.021 euros) y posteriores reparaciones, vallados, el servicio de seguridad que tuvo en su momento y los estudios externos encargados para determinar el estado en que se encontraba el centro.
La última intervención del servicio de Patrimonio ha sido reforzar el vallado exterior del edificio, una intervención que ha costado 5.717 euros y que según indicó en junio pasado en una comisión el coordinador general de Economía y Hacienda Antonio Ramón Balmaseda, contempla además, «el cierre de huecos y fachadas» para «garantizar la seguridad» de las instalaciones.
Los técnicos afirman que el inmueble no se puede declarar en estado de ruina, pese a que se hunde
El último informe realizado por los técnicos municipales de Urbanismo consideran que el edificio no se puede declarar en situación de ruina urbanística, dado que «el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural de la edificación, así como las condiciones mínimas que permitan su habitabilidad no supera» el limite establecido en la Ley del Suelo. Al respecto señala que el coste de la rehabilitación supondría el 42,73% del valor de su construcción.
La decisión
Según explicó Balmaseda, «el informe de disciplina urbanística dice que hasta que el edificio no esté en ruina no se puede tirar y por lo tanto lo que tenemos que hacer es o se rehabilita o se debe tomar una decisión», que no aclaró.
En cualquier caso, añadió que será Urbanismo el que decida si rehabilita o no el edificio e incluye la actuación en los presupuestos del próximo año.
Por su parte, el concejal de Urbanismo Javier Doreste, considera que es Patrimonio, servicio que depende de la concejala de Hacienda Encarna Galván, el que tiene que decidir si rehabilita o tira el inmueble.
Doreste es partidario de demoler el edificio porque la rehabilitación saldría más cara.
Doreste dice que sale más barato tirarlo y hacerlo de nuevo que remodelar las instalaciones
«Sale más barato tirarlo y hacerlo de nuevo. Desde Urbanismo entendemos que no está claro que esté en ruina, pero la reposición saldría más cara. Es Patrimonio y no Urbanismo el que tiene que tomar la decisión» sobre el futuro del edificio y si no quiere tirarlo dar el dinero para su rehabilitación, sostuvo.
Fue Urbanismo el que encargó un dictamen pericial externo sobre el estado del edificio. El informe, efectuado por el arquitecto Manuel S. Vega Benítez, concluyó en 2019 que una cadena de múltiples fallos cometidos antes y durante la construcción provocaron el hundimiento del inmueble, que presenta una patología estructural debido al terreno «peligroso» en el que se levantó, sin una cimentación adecuada.
El estudio geotécnico realizado por los técnicos municipales no advirtieron de lo inadecuado del terreno. Tras este informe, los servicios jurídicos plantearon la necesidad de hacer un informe contradictorio para depurar responsabilidades sobre vicios ocultos. Finalmente, el informe de los técnicos de Urbanismo concluyó en septiembre de 2021 que no procedía la declaración de ruina del edificio. En cuanto a la depuración de responsabilidades de las empresas que participaron en la construción, Doreste señaló que la decisión corresponde a «la asesoría jurídica, no a Urbanismo».
En el aire continúa también la apertura de la sede alternativa a la Casa de la Juventud, en los locales del parque del Estadio Insular, dos años después de la conclusión de las obras, pese a que se aseguró que abriría a finales de 2021. Hacienda adjudicó el pasado junio un contrato para realizar mejoras en estos locales, que llevan dos años cerrados y sin uso.
