La federación de empresas portuarias reclama unidad para ampliar la representación en el Puerto de Las Palmas

La Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) lamentó ayer que la patronal de los consignatarios y estibadores (Asocelpa) recurra a los tribunales para tratar de obtener representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).

Asocelpa ha decidido recurrir la designación como vocal de Pedro Ortega en el Consejo de Administración del Puerto, quien, el pasado mes de julio, sustituyó a Agustín Manrique de Lara como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), organización que está presente en el órgano gestor en nombre de las «empresas relevantes» del ámbito portuario. 

La CCE y Fedeport están asociadas, con el añadido de que la federación portuaria tiene su propio vocal, Javier Climent, cuyo colectivo es el más representativo del Puerto y por eso tiene la representación de los «sectores económicos más relevantes». Climent, además, es director en Canarias del Grupo Boluda, empresa que presta el servicio básico de remolque.

Desde Fedeport, sin embargo, aseguran que el recurso de Asocelpa es «desvestir a un santo para vestir a otro», porque lo que necesita el Puerto es «ir de la mano» para aumentar el número de vocales en el Consejo de Administración, no cuestionar los actuales nombramientos.

Fedeport, en ese sentido, ha demostrado que es la patronal con más representación en el Puerto de Las Palmas, tanto por el número de compañías afiliadas como por su volumen de facturación, con empresas tan potentes como Astican, Boluda o el Banco Santander, por citar a algunos de sus principales valedores.

Tienen, además, vocación regional, con el desembarco reciente en Tenerife. La Autoridad Portuaria de esa provincia tiene solo tres puestos en el Consejo de Administración para los trabajadores y empresas portuarias, frente a los cuatro existentes en Las Palmas: la CCE por las compañías relevantes, Fedeport por los sectores económico más importantes, Luis Padrón en nombre de las cámaras de comercio, y Pedro Sánchez Cazón en representación del sindicato mayoritario de los estibadores.

Negociación

Fedeport está tratando de entrar en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, pero no mediante recursos para «quitarle» el sitio a los que ya están, sino con negociaciones con las instituciones para ver si ceden alguno de sus puestos. 

Y eso, a juicio de la patronal portuaria con más peso en el sector, es lo que hay que hacer en Las Palmas: negociar con el Gobierno de Canarias para ver si renuncia a alguno de sus cuatro puestos en el Consejo de Administración, que ahora mismo ejercen Elena Máñez, Sebastián Franquis, Domingo Juan Jiménez y Óscar Hernández. Luego hay dos puestos más para los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife, tres para los representantes del Estado y otros tres para los presidentes de los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Eso, más los cuatro de las empresas y trabajadores, suman 16 consejeros en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, los cuales son nombrados por el Gobierno de Canarias a propuesta de las instituciones u organizaciones que representan.

Canarias y las Islas Baleares, además, tienen una composición en sus consejos de administración portuarios diferente al resto del territorio nacional. En los dos archipiélagos se fijan un máximo de 16 consejeros, mientras que para el resto se establece de 10 a 13 vocales. Esa excepción viene recogida en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuyo artículo 30 regula la composición de estos organismos públicos, con la inclusión del Capitán Marítimo como miembro nato del consejo, recayendo la presidencia del mismo en el propio presidente del organismo.

La excepción isleña está prevista para integrar en la entidad gestora a los presidentes del Cabildo y del Consell, que son instituciones únicas de Canarias y de Baleares, además de los ayuntamientos de las islas no capitalinas con puertos estatales, mientras que el 33 % del consejo es para los municipios y «el 66 % será designado en representación de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, organizaciones empresariales y sindicales y sectores económicos relevantes en el ámbito portuario», recoge la ley. A eso hay que añadirle los cuatro consejeros fijos de la Comunidad Autónoma y los tres del Estado (dos de ellos siempre en nombre de Puertos del Estado y la Abogacía del Estado).

Las fuentes consultadas consideran un «error» abrir una disputa entre patronales para acceder al consejo de administración del puerto, cuando lo «ideal» sería sumar apoyos para ampliar la cuota de representación privada en detrimento de la pública.

Asocelpa, en cambio, entiende que los vocales de la CEE y de Fedeport responden a los mismos intereses empresariales. Por ese y otros motivos reclaman más transparencia en los nombramientos con la aprobación de un reglamento que los regule.

Suscríbete para seguir leyendo