Los casos del Juzgado de Violencia contra la Infancia aumentan un 67%

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia (Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria), que funciona en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria como experiencia piloto nacional desde el 1 de octubre de 2021, registró en su segundo año de funcionamiento un total de 607 denuncias, lo que supone un incremento del 66,3% con respecto al primer año. La estadística del órgano judicial revela que en el segundo año de actividad se denunciaron en el partido judicial (con competencia sobre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Vega de San Mateo), un total de 235 presuntos casos de delitos contra la libertad sexual. Ello supone un aumento del 95% en este tipo de diligencias previas con respecto al primer año.

El número de procesos abiertos por delitos contra la integridad moral y maltrato físico y psíquico interfamiliar fue en el último ejercicio de 311, lo que evidencia un aumento del 64,5% de este tipo de delincuencia.

Desde el Juzgado se explica que el gran incremento de denuncias ha ralentizado la práctica de pruebas preconstituidas, es decir, la toma de declaración previa con todas las garantías que se graba en soporte audiovisual y que es plenamente válida para su reproducción en cualquier fase del proceso, incluida la vista oral. Actualmente, el tiempo de espera para realizarlas es de 16 días. El aumento en la carga de trabajo ha obligado a ampliar la sede judicial en la Ciudad de la Justicia, dotándola de una sala de espera amigable. El órgano judicial ya cuenta con una unidad adscrita especializada de la Policía Autonómica de Canarias, plenamente incorporada. Los espacios de relajación y esparcimiento están, asimismo, en proceso de ampliación.

El grupo de investigación que analiza los plazos temporales y el nivel de ansiedad y estrés de las víctimas que acuden al Juzgado ha aportado a la autoridad judicial sus primeros estudios, que concluyen que la creación del nuevo órgano causa «menor dilación» desde la denuncia hasta la práctica de la prueba preconstituida, produciendo «un impacto» positivo «de gran magnitud sobre la Justicia procesal, y consecuentemente sobre la victimización secundaria».