Chárter Marítimo exige 190.855 euros por la chatarra del pesquero ‘Poong Lim 11’

Casi ocho años después del hundimiento del Poong Lim 11, la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) y el propietario del buque siguen batallando en los juzgados por las consecuencias del incidente. Un naufragio que los responsables portuarios asociaron a un grave episodio de contaminación en la bahía capitalina, con importantes sanciones económicas impuestas a Chárter Marítimo Archipiélago Canario SL como responsable del pesquero hundido.

En este nuevo lance, sin embargo, es la empresa la que exige una indemnización al Puerto de Las Palmas «por hacer desaparecer el buque», excluyéndole del proceso de reflotamiento y de la posibilidad de recuperar el valor económico del barco, cuyo desguace fue adjudicado a una tercera empresa.

Chárter Marítimo reclama una indemnización de 190.855 euros por el valor de la chatarra del Poong Lim 11, pero la Autoridad Portuaria niega que exista responsabilidad patrimonial y recuerda que todas sus actuaciones están refrendadas por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado jueves.

Cuatro sentencias

Tres de esas sentencias son firmes y una cuarta está pendiente de resolverse en casación por el Tribunal Supremo (TS). Charter fundamenta su reclamación patrimonial en ese último recurso, con el argumento de que está admitido a trámite y su estimación le eximiría de culpabilidad en el expediente sancionador incoado por la Autoridad Portuaria.

Ese expediente concluyó el 25 de agosto de 2016 con una multa de 72.000 euros por el episodio de contaminación, así como hasta cinco apercibimientos para que Chárter Marítimo tomase medidas inmediatas con las que mitigar el daño medioambiental. 

Ante la negativa de la compañía a hacerse cargo de la situación, el Puerto de Las Palmas asumió la ejecución subsidiaria del procedimiento, prohibiéndole a Chárter acercarse a su propio buque y encargándole a una tercera empresa el reflotamiento del mismo. 

Más gastos

Todos esos gastos fueron repercutidos luego por la Autoridad Portuaria de Las Palmas al propietario del pesquero. Los servicios de limpieza costaron 594.248 euros; la extracción de los residuos sólidos y líquidos salió por 552.011 euros, y el reflotamiento, remolque y desguace llegó hasta los 640.842 euros.

Chárter ha recurrido las decisiones que sustentan el pago de esos gastos, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC le dio la razón al Puerto y ha confirmado las cantidades a abonar.

Pero la única sentencia que no es firme afecta a la sanción inicial, esto es, a la responsabilidad del infractor en el origen del vertido y, por tanto, del expediente sancionador, por lo que un resultado favorable podría condicionar el resto de decisiones.

Desguace

No lo ven así los servicios jurídicos del Puerto de Las Palmas y su Consejo de Administración, pues la única alternativa existente en el momento de los hechos era la extracción y desguace del buque en ejecución subsidiaria para evitar los graves daños provocados por el hundimiento del barco y los vertidos procedentes el mismo. Dicho en términos jurídicos, no hay antijuridicidad del daño ni relación de causalidad entre la actuación de la administración y el perjuicio a la empresa.

Chárter, en cambio, tiene a su favor que fue absuelta dos veces en la vía penal, tanto por sentencia del Juzgado como de la Audiencia de Las Palmas. 

Ni la Fiscalía de Las Palmas ni la Abogacía del Estado pudieron acreditar en el juicio que el fuel aparecido en el Puerto y en la playa de Las Alcaravaneras procediera del Poong Lim 11.

Suscríbete para seguir leyendo