Urbanismo

Las Palmas de Gran Canaria revisa el plan para trasladar a San Lázaro la gasolinera de Vegueta

La Junta de Gobierno atiende la solicitud de una empresa que se considera afectada por el convenio urbanístico de 2015 tras una sentencia a su favor

Rotonda de acceso a San Lázaro en la que se encuentran las parcelas en disputa.

Rotonda de acceso a San Lázaro en la que se encuentran las parcelas en disputa. / ANDRÉS CRUZ

Jacobo Corujeira

Jacobo Corujeira

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria revisará el convenio urbanístico que facilita la obtención de la parcela de la gasolinera de Disa ubicada junto al cementerio de Vegueta a cambio de otra en Siete Palmas. La Junta de Gobierno aprobó ayer la incoación un expediente de revisión de oficio, forzada por una decisión judicial que obliga al consistorio a tener en cuenta la solicitud de Pedruzcos Oil, una empresa interesada en instalar otra estación de servicio en un solar cercano.

El Juzgado de lo Contencioso número 3 de la capital grancanaria dio parcialmente la razón a Pedruzcos Oil en una sentencia dictada hace poco más de un año, el 23 de enero de 2023, tras un recurso contencioso-administrativo presentado por la mercantil contra el convenio. La compañía consideraba que el convenio «tenía un contenido imposible» y porque, a su juicio, «no se cumplían los requisitos para la firma de un convenio urbanístico expropiatorio», según recoge la sentencia. Tanto el Ayuntamiento como Disa solicitaron la desestimación del recurso alegando, entre otros motivos, falta de legitimación para presentarlo.

Pedruzcos solicitó en su recurso la nulidad del convenio, aunque el juzgado no llega tan lejos. En su lugar, la sentencia reconocía el derecho de la compañía a que la Administración dé respuesta a su solicitud, aunque no entraba a revisar la actuación administrativa en sí. «Este juzgador» no puede hacerlo, señala el fallo, «cuando no ha existido un pronunciamiento previo por el órgano competente».

Unión de las calles de los alcaldes Díaz Saavera y Fajardo Ferrer

El origen de la disputa se remonta a marzo de 2015, cuando el consistorio de Juan José Cardona, interesado en unir las calles Alcalde Díaz Saavedra y Luis Fajardo Ferrer, firmó un convenio con Disa para hacerse con la parcela de la gasolinera Shell. A cambio, la petrolera debía recibir otro suelo en la cercana Vega de San José y una serie de compensaciones urbanísticas por un importe de 3,6 millones de euros.

El relevo en el equipo de gobierno de 2015 también acabó conllevando alteraciones de aquel proyecto inicial. En 2017, el Ayuntamiento desistió del proyecto de la Vega de San José -el entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, alegó que existía oposición vecinal- y propuso a cambio una renegociación de condiciones. La decisión final pasaba por una permuta con otro solar situado en la rotonda de acceso al cementerio de San Lázaro.

Mientras tanto, Pedruzcos Oil, que tiene ocho gasolineras en la provincia, adquiría a una filial inmobiliaria del BBVA una parcela cercana que en su día había pertenecido a Inmobiliaria Betancor (Ibsa) y comenzaba a tramitar una licencia para una estación de servicio que nunca ha llegado a obtener.

Cambios

El Ayuntamiento también ha cambiado en este tiempo la ordenación urbanística del entorno de San Lázaro. El objetivo es modernizar el cementerio con un tanatorio, crematorio, columbario, un espacio para las cenizas de mascotas y cafetería, aunque la nueva normativa también permite la gasolinera de Disa. El suelo adquirido por Pedruzcos, sin embargo, está condenado a la expropiación en esta modificación del PGO, que contempla construir en él una bolsa de aparcamientos para dar servicio al camposanto.

Esa posible compensación también es objeto de controversia entre esta compañía y el consistorio: mientras la primera tasa en más de seis millones de euros el valor del suelo, el consistorio reservó durante el pasado mandato 600.000 euros para hacer frente a ese posible pago.

Biodigestor de Tenoya

Biodigestor de Tenoya / JUAN CASTRO

La licencia del biodigestor de Tenoya

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, junto a la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, ha mantenido un encuentro con los vecinos y vecinas de Tenoya para analizar la situación de la instalación del biodigestor en el barrio. Los concejales han compartido con los vecinos y vecinas una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que da la razón al Ayuntamiento para que, de oficio, revise la licencia urbanística de la instalación de esta infraestructura privada de tratamiento de aguas residuales y lodos. El fallo, asimismo, revoca el auto que anuló la Orden de la Dirección General de Edificación y Actividades del consistorio de fecha 16 de noviembre de 2022, que iniciaba el procedimiento de revisión de la licencia referida. | LP

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