No es sólo un nubarrón de malos presagios lo que se cierne sobre Canarias en 2012. También hay algún rayo de esperanza. El archipiélago iniciará el año con una mezcla, a la vez, de factores esperanzadores e inquietantes, de indicadores altamente positivos y otros francamente demoledores para un ejercicio económico en el que se prevé que la crisis hará sentir más a fondo sus devastadores efectos. La recesión que se ha instalado en Europa, la continuidad del cierre del crédito privado a las empresas, las dificultades a corto plazo para hallar alternativas a la crisis del ladrillo y la segunda fase de ajuste duro en las cuentas y servicios públicos recetada por la Unión Europea, que dejará a miles de ciudadanos sin los apoyos con los que hasta ahora habían contado para hacer frente a las adversidades, son un combinado temible. Más allá de lo inevitable de las medidas, que aunque puedan ser consideradas impopulares están justificadas, para una sociedad como la canaria que llega al 30% de paro ese cóctel puede suscitar una inquietud social. Sin embargo, en el otro lado de la balanza están las inmejorables cifras del turismo, principal actividad económica de Canarias, que en 2011 ha batido récords de ingresos y visitantes a cuenta del turismo europeo, básicamente alemán. Son un balón de oxígeno inestimable, casi un milagro caído del cielo. El saldo turístico insular amortigua con fuerza lo que de otra manera sería posiblemente una situación socialmente explosiva; y puede, además, si se articula de forma adecuada, hacer de motor frente a la peor de las crisis.

En el plan de ruta de las islas está, como es obvio, mantener e, incluso, mejorar, a toda costa en 2012 las magníficas cifras turísticas. Es tan urgente como importante. En este sentido son básicamente tres las circunstancias a tener en cuenta: la primera, ajena al margen de la actuación del Gobierno español y canario, es la continuidad, no asegurada aún, de la buena marcha de la economía del principal país emisor de turistas, Alemania. Su más que aceptable crecimiento en 2011 no le exime del freno que puede suponer a su economía exportadora en 2012 la crisis del resto de Europa, su principal mercado. La segunda circunstancia es la capacidad que el Gobierno de Canarias y los empresarios dispuestos a invertir en la mejora de la planta alojativa tengan para alcanzar acuerdos que permitan agilizar unos multimillonarios proyectos de inversión inauditamente paralizados en gran medida por problemas administrativos y cortapisas burocráticas. Este pacto se deben producir, como es natural, sin poner manga por hombro una ordenación del territorio y una preservación del medio ambiente de las que dependen que Canarias siga siendo atractiva para los propios turistas. El desencuentro entre ambas partes ha tenido momentos de tensión y cruces de acusaciones serias en los últimos meses, pero por el interés general es de esperar que este áspero inicio, propio de un comienzo negociador entre posturas encontradas, pueda ser superado. Y la tercera de las circunstancias a considerar es la magnífica noticia de que José Manuel Soria, líder del Partido Popular de Canarias y exvicepresidente y titular de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, sea el nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo del gabinete de Mariano Rajoy.

Aunque las competencias específicas de la Administración central en materia turística no son determinantes en un estado tan descentralizado como el español, la situación específica de Canarias otorga al Gobierno central un papel fundamental con carácter general. Y es ahí donde la influencia y relevancia del puesto que ocupa en el Consejo de Ministros José Manuel Soria se antoja de enorme relevancia. Las Islas se hallan sujetas a un régimen especial de financiación, normas fiscales y ayudas presupuestarias, tanto en España como en la Unión Europea, de la que depende el curso de las estructuras productivas canarias y la vida de las empresas. De modo que la prioridad de la creación de empleo anunciada por el nuevo Gobierno central habrá de concretarse en las Islas no sólo a través de los acuerdos laborales generales sino también de las condiciones específicas para la inversión y la fiscalidad de las empresas isleñas. Por lo demás, de este régimen especial canario en España y en la Unión Europea igualmente depende el mantenimiento de unos precios asequibles de los consumos básicos (alimentación, energía, agua o transportes) en un territorio en el que no basta la libre concurrencia para que esos precios básicos sean aceptables. Si un informe reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revelaba que en la década del euro la cesta de la compra subió casi cuatro veces lo que los salarios, en Canarias el mecanismo europeo arbitrado para compensar el sobrecoste de la lejanía y la insularidad en los precios de los alimentos y los insumos para la industria agroalimentaria se ha reducido a casi una cuarta parte desde su entrada en vigor en 1992. El llamado Régimen Especial de Abastecimiento (REA) no ha hecho más que languidecer, de manera que el impacto del euro en la cesta de la compra insular es aún mayor. Y en la actual situación de desempleo huelga desgranar las implicaciones de tal excepcionalidad.

Es por ello por lo que en la agenda canaria de 2012 va a ser fundamental la negociación que el Gobierno central, con la colaboración del Ejecutivo canario, realicen para la aprobación de los nuevos planes financieros de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. El nuevo marco presupuestario plurianual de la Vieja Europa será renegociado sustancialmente a lo largo del año entrante. Y las medidas especiales que han contribuido, junto con la gran década de oro turística, al desarrollo de Canarias serán revisadas. De cómo queden las medidas financieras europeas, y la reválida que Bruselas pueda dar a las ayudas del Estado a Canarias, pende en gran medida también la anhelada diversificación económica, una necesidad que no elude la primacía turística, del archipiélago.

Vienen tiempos difíciles pero también tiempos cargados en Canarias de buenas perspectivas. Y de éstas no pueden presumir otras autonomías españolas. Esta singularidad constituye a la vez un desafío y una llamada a los responsables institucionales, políticos y sociales, para aprovechar hasta la última fibra las oportunidades que se le brindan a esta tierra.