El Gobierno regional comenzó el año pasado con un amplio rechazo de los empresarios, hoteleros, cabildos y ayuntamientos la redacción del proyecto de ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, cuya tramitación se inició esta semana en el Parlamento regional. Sin embargo, un mal comienzo no significa siempre un mal final. Sobre todo si se tiene en cuenta lo escuchado a los portavoces de los partidos con representación en la Cámara regional durante el primer debate en pleno del texto. Si de verdad todos consideran imprescindible la mejora y recuperación de la calidad de las instalaciones turísticas de las Islas para que se pueda competir con destinos similares a los de Canarias y con otras ofertas que surgen con relevancia en el mercado internacional, como Turquía o el Caribe, y se asume que la obsolescencia de los alojamientos es un severo inconveniente para la elección del Archipiélago como destino preferente, se dispone de un buen arranque para llegar a la meta deseada: el consenso, y no solo político, sino también con el sector. El problema está en los matices. En cómo se precisan estos principios generales abstractos, cargados de buenas intenciones, pero imprecisos y vagos. En concretar en una ley esta renovación, de las instalaciones y de la gestión turística.

De buenas intenciones estaban cargadas también las cuatro normativas anteriores aprobadas desde 1995, que a medida que iban entrando en vigor más enredaban la ya de por sí compleja madeja legal turística de Canarias, y cuyos títulos, con solo su lectura, mostraban el enrevesado laberinto jurídico en el que se adentraban los legisladores. A la primera Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, simple en su definición, le siguió la de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo -algo ya más compleja- , una tercera sobre Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo, rica en reiteraciones sintácticas, para llegar a la última, la de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, cuya larga, pesada y difícil denominación es más que suficiente para dificultar su lectura. Si mal se titula una ley, mal se va a comprender y aplicar su contenido.

El sector turístico de Canarias padece un exceso legislativo con unos textos difíciles de entender. Disposiciones herméticas, artículos enmarañados y reglamentos tortuosos. Sufre sobrepeso y un exceso de grasa, lo que obliga no solo a ralentizar todos los procedimientos, autorizaciones y permisos, sino a que todas las actuaciones administrativas sean pesadas y torpes. Con un efecto perverso adicional sobre los funcionarios encargados de su aplicación. Como consecuencia de la profusión normativa y la progresiva judicialización, con una creciente y numerosa presentación de recursos ante la acumulación de normas, en algunos casos hasta contradictorias, los funcionarios se cohíben y tienden a adoptar una actitud e interpretación restrictiva de los proyectos presentados por los inversores turísticos, lo que genera más retrasos y más demandas ante los tribunales contencioso-administrativos.

En este disparate y sinsentido legislativo hay que introducir algo de cordura y sensatez, aunque parezca irónico lo propuesto por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel en el Parlamento durante el debate de la nueva ley turística: "Primero hay que hacer las normas y luego se refunden". Parece una frase de Groucho Marx, aunque en su intención estaba sumarse al consenso de todos los grupos parlamentarios: simplificar la normativa. Menos leyes, pero más claras.

El texto que ahora se debate en el Parlamento de Canarias es ambicioso en sus objetivos: la renovación de las urbanizaciones, núcleos y productos turísticos de Canarias y la ordenación de la planta alojativa. La nueva ley obliga, por ejemplo, a incrementar en un 50% la inversión mínima para renovar un establecimiento turístico, ya sea hotelero o extrahotelero, para garantizar así el máximo de calidad en los edificios rehabilitados. Es decir, que si con la actual normativa pasar de las tres a las cuatro estrellas requiere una inversión mínima por plaza alojativa de 6.143 euros, en el texto que propone para su aprobación el Gobierno canario el importe sube hasta los 9.214. Por un lado se exigen unos patrones y modelos de máxima calidad, pero por otro se corre el peligro de ahuyentar a los inversores.

Frente a las severas condiciones en la rehabilitación más generosidad ofrece la Administración para regularizar las 150.000 camas turísticas ilegales que hay en el Archipiélago. Una de cada cuatro camas que se ofertan a los turistas que visitan las Islas no cuenta con todos los permisos legales necesarios. Para que se puedan adaptar a la nueva normativa se da un plazo de dos años con el fin de que dispongan de los requisitos mínimos de calidad en función de su categoría, en el caso de la camas, o se adapten a las normas de ordenación del territorio, en el caso de los complejos en su conjunto. Un tiempo más que suficiente para las patronales turísticas, que aceptan el margen dado por el Gobierno regional.

Si cada vez resulta más difícil mantener la cifra de visitantes y, sobre todo, los ingresos por turismo y si se quieren proteger los atractivos medioambientales de las Islas y garantizar a la vez la suficiencia y calidad de los servicios esenciales, como la sanidad, la seguridad, el suministro de luz y agua, y el tratamiento de residuos, con una adecuada oferta hotelera, la nueva norma que salga del Parlamento tiene que ser ejemplar. Suficientes escarmientos se han padecido ya con una acumulación disparatada de leyes, que no derogaban en su totalidad las anteriores, y que lo único que hacían era sumar nuevas condiciones y regulaciones para al final generar una inseguridad jurídica que bloqueó la renovación y modernización del sector turístico de Canarias. Experimentos, pues, los mínimos. Claridad en los artículos, una normativa simple y un objetivo: que Canarias siga siendo un líder turístico sin hipotecar sus recursos ni sus atractivos naturales.