El proyecto de suprimir los haberes de un gran número de concejales españoles, o aplicarles drásticas rebajas, es el primer paso para reducir su número en las corporaciones. Trabajar gratis no compensa a quienes parasitan la vida política porque carecen de otro oficio o medio de vida. Con menos presión "empleadora" de los partidos será posible eliminar poltronas y fijar mejores retribuciones legales a las realmente necesarias. No será un golpe bajo al municipalismo, como algunos presagian, sino una depuración necesaria. Menos puestos corporativos no significan peor representación, porque no es ejercida por elección personal directa sino mediante lista cerrada. Los partidos no necesitan colocar a cuatro para hacer lo que pueden dos, y las mayorías son iguales con la mitad más uno, sea el reparto del voto entre 15 puestos o entre 29. Afrontada sin trampas, será la primera fase de esa reforma efectiva de la administración publica de la que siempre se habla y no se acomete por mezquindades partitocráticas. Naturalmente, la eliminación de los escaños no pagados tiene que ser el paso complementario para evitar una masa de pseudorepresentantes que no se sientan obligados a trabajos que no cobran y, si son inmorales, dediquen el tiempo a traficar con influencias.

Se ha dicho que un avance de esta naturaleza no hará sino fomentar mangoneos corruptores, pues los que pierden la retribución legal buscarán compensaciones ilegales. No tiene por qué ocurrir si, también normativamente, desaparecen los puestos no pagados. Los que queden reducirán estadísticamente el número de corruptos potenciales, tendrán más trabajo real y menos paripé de hacer como si hicieran, y estarán más expuestos a la crítica del común. Nada garantiza que no aparezca una manzana podrida en tal o cual cesto, pero si, además, prospera realmente un pacto interpartidario por la transparencia, lo tendrán mucho más difícil. No se trata de apostar por la perfección, sino de restringir y confinar las imperfecciones hasta hacer de la ética una conducta mucho más rentable en todos los sentidos. La reforma de la administración pública seguiría avanzando por sus pasos hasta restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Es maniqueismo endosar a estas medidas la taimada finalidad de debilitar la estructura administrativa en el tamo más próximo al pueblo. Por el contrario, hecho sin trucos será un camino de reencuentro entre el pueblo y sus administradores.

La mirada social condenatoria y el espontáneo estigma moral no serán bastante para disuadir a la minoría de corruptos de que ha pasado el tiempo el enriquecimiento ilícito y las condenas que no vinculan la devolución de lo robado. La "peineta" de Bárcenas a los periodistas es sintomática. Cumplida la condena, a disfrutar del botín y que los colegas honestos aguanten la injusta mala fama. Por ello hacen falta medidas de progreso, nazcan de quien nazcan.