A rebufo de la crisis y su desastrosa gestión, el inquietante incremento de los delitos motivados por el racismo, la xenofobia, la intolerancia o el prejuicio contra aquellos a quienes se considera vulnerables o diferentes, es expresión del fantasma que está recorriendo Europa: el del discurso del odio y la política del odio.
Lo que empezó siendo una crisis financiera y económica hace ya tiempo que se transmutó en una crisis social y en una crisis política que afecta corrosivamente a los valores fundacionales de la construcción europea. La interminable crisis del euro -tan catastróficamente manejada, como hemos vuelto a ver en Chipre- es sumamente grave en sí. Pero el deterioro de la democracia y del respeto por los derechos fundamentales en Europa lo es todavía mucho más.
El espectro de la intolerancia y su desesperada búsqueda de chivos expiatorios con los que exorcizar el malestar general está recorriendo a galope nuestro viejo continente. Y se manifiesta no sólo a través de partidos extremistas, formaciones populistas que explotan el resentimiento y la frustración acumulada, sino también a través del prejuicio y la estigmatización, que son cada vez más frecuentes en partidos de gobierno en los Estados miembros de la UE.
Las causas las conocemos: el miedo, la explotación de la ansiedad y la pérdida de referencias culturales homogéneas, consecuencia del influjo de la diversidad y el pluralismo, pero también una lucha cada vez más encarnizada por una protección social menguante y amenazada, así como por unos recursos económicos cada vez más escasos en esta Gran Recesión y en su nefasto desgobierno.
La hegemonía conservadora, Alemania a la cabeza, viene imponiendo en Europa la liquidación despiadada de nuestro modelo social. Es éste un fenómeno de tintes dramáticos, que he venido denunciando en el Pleno del Parlamento Europeo en los numerosos debates en que he llamado la atención sobre esta deriva autoritaria, nacionalista y regresiva que viene recorriendo Europa como el fantasma al que aludía Marx en los primeros pasajes de su memorable manifiesto de 1848.
Para conjurar esta creciente amenaza, hace falta responder. No sólo políticamente, sino con legislación. Legislación europea: actualizando y reforzando el marco actualmente vigente; recuperando los valores fundantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos y tomando en serio la entrada en vigor, con el Tratado de Lisboa, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia no sólo autoriza sino exige al Parlamento Europeo legislar en materia penal y en la cooperación judicial para combatir los delitos especialmente graves y de ámbito transnacional, reforzar la protección de la víctima y establecer un nuevo marco europeo con normas penales y sanciones que combatan no sólo la política del odio sino el discurso del odio.
En el Parlamento Europeo se habla incesantemente, y con sobrados motivos, de la crisis financiera y de su impacto económico. Pero ello no le resta ningún ápice de urgencia a la necesidad de preservar el Estado de Derecho, la calidad de la democracia y la observancia y garantía de los derechos en la UE. Porque la crisis que impacta sobre los valores fundacionales de la Unión Europea no es menos importante que la del euro -lo es más-; y porque los denominados "criterios de Copenhague", que se exigen a los candidatos a la adhesión, deben exigirse también una vez dentro del club y a todo lo largo del trecho de pertenencia al mismo. Un ejemplo paradigmático del lamentable estado de cosas en el que nos encontramos es el que nos brinda Hungría, donde el partido ultranacionalista y ultraconservador en el Gobierno -Fidesz, del PP europeo- ha consumado la aprobación de la llamada "cuarta enmienda" a la Constitución. En ella se desautoriza al Tribunal Constitucional, al restablecer todos y cada uno de los contenidos de una propuesta de reforma anterior que habían sido declarados no conformes con la Ley Fundamental por una sentencia en diciembre. En democracia se puede tener o no un Tribunal Constitucional, pero cuando se tiene, hay que respetar lo que dicta y cumplir con sus sentencias.
Pero es que, además, esa enmienda impone muy severas condiciones al pluralismo religioso y al pluralismo informativo, hoy por hoy intervenido por el masivo gubernamentalismo de los medios de comunicación públicos y privados. Y restablece el mecanismo de asignación jurisdiccional individualizada de casos por la llamada Oficina judicial, un resorte de poder que había suscitado protestas en el Parlamento Europeo, sin que se den garantías explícitas del respeto al "proceso debido" y al "juez imparcial" predeterminado por la ley.
Al actuar así, el Gobierno de Orban y la abrumadora mayoría conservadora en el Parlamento húngaro han desoído al mismo tiempo al Consejo de Europa, al Secretario General del Consejo de Europa, a la Comisión de Venecia y al Presidente del Parlamento Europeo. Es esperable que la Comisión y el Consejo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, alcen la voz, y dispongan los medios para hacer prevalecer los compromisos europeos ante una situación tan desafiante y grave. Fidesz, el partido que exhibe su aplastante mayoría en el Parlamento Húngaro y copa el Gobierno con discursos extremos y rebosantes de nacionalismo irredento, expresa el empuje de una derecha sin complejos y cada día más desvinculada de las trágicas lecciones que sobre esas derivas se desprenden de un pasado de conflictos y confrontación en Europa. Pero conviene tener claro que se trata de un partido convencional o mainstream, encuadrado en el PP Europeo, con cuyo apoyo se blinda: no estamos hablando, por tanto, de outsiders de la política.
Hace unos meses presidí una delegación en Budapest de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Tuve entonces ocasión de subrayar, en mis intervenciones y durante la rueda de prensa, que el Parlamento Europeo no es un "intruso" en Hungría, no ejerce ninguna "injerencia"; no es una "potencia extranjera": representa, mediante su elección democrática directa, a 500 millones de ciudadanos europeos, entre los que se cuentan los más de 10 millones de húngaros.
Por mandato del Parlamento Europeo, la Comisión que presido está trabajando en un informe sobre la situación de los derechos y la democracia en Hungría, y va a seguir esforzándose para que en toda la crisis -no sólo "pese a la crisis" sino especialmente en la crisis-, se siga cumpliendo a rajatabla con la primera regla de la pertenencia a la UE: la sujeción voluntaria al imperio de la ley, a la primacía del Derecho y a los valores fundantes de la construcción europea.
