"Como es sabido, la organización de las Islas Canarias, antes y después de la conquista, a finales del siglo XV, fue por islas, regidas por sus Ayuntamientos y Cabildos. No hubo nunca una capital regional o provincial que extendiera su jurisdicción a todo el territorio. Había, sí, en la isla de Gran Canaria una Audiencia y un Obispado como en la de Tenerife, una Comandancia o Capitanía General, desde el siglo XVII, concretamente instalada desde 1723 por el marqués de Vallehermoso. Pero no existió una capital administrativa, política ni económica hasta bien entrado el siglo XIX". Continúa el citado autor, natural de Tenerife, notario que fue de Las Palmas de Gran Canaria alrededor de los años 50 y 60 del pasado siglo: "La realidad ha sido, y es, la Isla. El archipiélago es por definición un conjunto de islas, y en Canarias cada una presenta caracteres bien distintos entre sí y no solo geográficos. La historia ha coincidido con la geografía. Y la economía ha presentado diferencias notables entre islas". Con la Constitución de 1812 se unifica el régimen local. Entre 1812 y 1813, Santa Cruz de Tenerife consigue ser la Diputación Provincial y a partir de la Ley de Provincias de 1832, se convierte en la capital del archipiélago. Se terminaron casi cuatro siglos en los que los habitantes de las islas prosperaran. La pugna entre Gran Canaria y Tenerife empieza y no terminara hasta la división de la provincia aunque con anterioridad supuso un gran alivio la promulgación de la Ley de Cabildos de 11 de julio de 1912, notable iniciativa del majorero don Manuel Velázquez Cabrera, a quien tanto le debemos los isleños y cuya memoria debíamos de tener presente con una plaza o calle en todos los municipios del archipiélago. "Se cortarán de raíz las luchas fratricidas".
Ya lo dejó escrito don Manuel que "cada isla vivirá de lo suyo y de su trabajo, no del trabajo de los demás". Suum cuique tribure (dar a cada uno lo suyo).
Con el Estado de las Autonomías el Parlamento de Canarias tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife con la conformidad de los representantes de todas las islas y la Delegación de Gobierno, en Gran Canaria. Para que no nos fuese tan amargo el trago, se establecen las sedes de las Consejerías de Hacienda y Turismo en Las Palmas.
El equilibrio se ha roto y los agravios están enumerados por don José Miguel Bravo de Laguna en su artículo en LA PROVINCIA el domingo 16 de junio, página 25, titulado "No pido perdón". A estos citados se pueden añadir algunos agravios más, pero me voy a centrar en la denominada Ley de Moratoria Turística del año 2003 y la que la ha sustituido este año, ambas nefastas para los intereses de Gran Canaria. Hasta el siglo XIX predominó el gobierno de la isla, y esto fue así no por capricho, sino porque la realidad es la isla, lo ha sido y lo será.
La geografía las hace distintas, con marcadas diferencias entre ellas. Existen intereses encontrados. Cada isla debe establecer sus prioridades, y llevarlas a buen fin. Cada isla debe tener la capacidad de configurar su futuro. Para que todo esto sea posible es necesario que el Gobierno transfiera a los Cabildos todas sus competencias, con los ingresos correspondientes, excepción hecha de sanidad y educación. Así, además, se completaría el principio que animó el Estado de las Autonomías de acercar al ciudadano la toma de decisiones.
Aquí y ahora, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quede con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Que no se hagan intentos de alteración y se consientan. La Ley de Moratoria Turística desde su promulgación autorizaba hoteles de cinco estrellas lujo, y excepcionalmente de cinco estrellas. Se sabía que estos hoteles no eran rentables pero las autoridades del Gobierno Canario proclamaban que lo que querían era crear para el archipiélago un mercado de turismo de lujo. Esto era y es una utopía por múltiples razones que no se esconden a los inversores. Con anterioridad a la Ley de Moratoria Turística, Gran Canaria tenía más turismo que Tenerife. La promulgación de la citada ley coge a Gran Canaria sin proyectos de hoteles de 4 estrellas aprobados, mientras en Tenerife había muchos ya aprobados. Mientras en Gran Canaria estábamos paralizados en la construcción de estos alojamientos turísticos, en Tenerife se construyeron esos proyectos aprobados con el resultado de un aumento de un millón de turistas al año más que Gran Canaria.
Si no fuese por las ataduras jurídicas del Gobierno canario tendríamos más hoteles y menos paro. No se quiera regularlo todo, sólo establecer las directrices generales, que el mercado hará el resto. Se debe tener presente que el turismo solo ocupa el 5% del territorio de Gran Canaria.
En la nueva ley autorizan hoteles de cuatro estrellas como compensación de una rehabilitación de apartamentos. Quien esto redactó y quien lo aprobó o está totalmente ausente de la realidad o se ha propuesto mantener la actual situación de que el turismo no crezca en alojamientos en Gran Canaria y así no hacerle competencia a otras islas del archipiélago. En Playa del Inglés hay casi tantos apartamentos como propietarios, algunos de estos apartamentos se han convertido en vivienda. Es una realidad social con muchos años de existencia.
¿Quién pone de acuerdo a tantos propietarios para reformas o para una conversión en hotel de cuatro estrellas? Caso de que sea posible, ¿cuánto tiempo llevará?
Solo habrá acuerdo de propietarios y me inclino que será para vender el inmueble cuando el conjunto de apartamentos, o bungalows u hotel que necesite una puesta al día comiencen a perder dinero y existan otros solares en el sur de Gran Canaria, para edificar nuevas instalaciones hoteleras.
En Playa del Inglés hay un problema añadido. En su día se toleró vaciar solares y empezar la edificación bajo rasante, con lo que los inmuebles ganaban dos o más alturas que proporcionaba mayor número de camas. Este y otros temas me los ha traído a consideración don Fermín Suárez, buen conocedor del Sur.
Para concluir, la primera Ley de Moratoria Turística frenó nuestro crecimiento turístico y la actual sigue haciendo lo mismo en la práctica, ya que no son viables las teóricas posibilidades de construir un hotel de 4 estrellas.
Desde Tenerife han iniciado nuevamente el pleito insular y, entre otros agravios, está el expuesto en estas líneas.
La solución está en el Gobierno de la isla por los cabildos insulares. Cuando hay tanto paro es increíble e intolerable que se pongan tantos impedimentos al crecimiento y al desarrollo.
Invito a empresarios y sindicatos a que se movilicen para que se derogue esta absurda Ley Turística que tenemos y sea sustituida por otra que recoja lo aquí expuesto.
