El Gobierno que preside Fernando Clavijo ha iniciado, apenas medio año después de su constitución, la que sin duda será una de las leyes más importantes de esta legislatura: la nueva Ley del Suelo. Las cautelas con que se ha querido presentar este anteproyecto de ley han sido tan extremas que ni en el seno del propio Gobierno ha habido un debate relevante sobre el alcance de su contenido. Un reducido comité de expertos ha elaborado un denso texto de casi 200 páginas y más de 400 artículos, tras una primera toma de contacto con determinados colectivos: arquitectos, ingenieros, empresarios de la construcción, inversores y ecologistas, además de agricultores y ganaderos.
La presentación esta misma semana del documento inicial elaborado con el propósito de simplificar, racionalizar, y actualizar la complicada, laberíntica y confusa normativa actual precisa una digestión lenta para metabolizar los, se suponen, bondadosos propósitos legislativos del Gobierno para ordenar los intereses legítimos, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el territorio. La regulación del suelo es necesaria e imprescindible. Eso es lo que dice el Ejecutivo y en eso coincidimos todos.
Tras la discreción, confidencialidad y reservas con las que se ha redactado el anteproyecto, y se pude entender que así fuera en una primera fase para regatear intromisiones y esquivar tormentas políticas contraproducentes, ahora el texto se tiene que someter a un intenso y crítico debate entre los propios colectivos consultados inicialmente y la opinión pública para que quede claro qué modelo territorial nos propone en realidad el Gobierno canario para las próximas décadas. Que nadie pueda reprochar al final que la información ha sido escasa y fragmentada.
Ante el reto que supone reordenar un territorio pequeño y sometido a una presión demográfica elevada, con 2,1 millones de habitantes y millones de turistas anuales, el debate sobre la reordenación territorial de Canarias y su nueva regulación no ha hecho más que empezar. En los últimos 50 años, el uso del territorio se ha convertido en el centro de la actividad económica de esta región. Ha sido, como en otro tiempo fue el agua, el bien más escaso y preciado en torno al cual ha girado gran parte de la economía canaria. Y esta visión un tanto economicista del territorio es la que parece primar en el anteproyecto legislativo si nos atenemos a la propia denominación que se le ha asignado, "Ley del Suelo", y las primeras interpretaciones que han realizado algunos de los sectores afectados.
Pero el territorio es más que el uso productivo y residencial del suelo. Está integrado también por numerosos y variados recursos medioambientales, que en Canarias tienen un altísimo valor y representan casi la mitad del espacio en el que convivimos. Un bien que hay que preservar y cuyo uso y gestión son esenciales para garantizar un desarrollo territorial sostenible y equilibrado en el futuro. El propio Gobierno ha anunciado que la nueva legislación modificará parte del articulado de la actual Ley de Espacios Naturales, además de otras normas que también se verán afectadas.
No estamos, por tanto, ante una ley que se limite a simplificar y reordenar competencialmente el uso del suelo, que es el principal debate que ha trascendido. Estamos ante la concepción de un nuevo modelo de uso del territorio en Canarias que requiere una amplia participación real y más transparencia que la ofrecida hasta ahora en su primera fase de aprobación. Lo contrario no hará más que multiplicar las suspicacias y sospechas de quienes tienen motivos para quejarse de la falta de información inicial en un comienzo que se tiene que corregir para la tramitación de una ley tan decisiva para Canarias.
El final de una larga recesión y el principio de un proceso de recuperación económica es el momento más oportuno para suscribir un nuevo Pacto del Territorio, que nos permita definir y conciliar los intereses agrícola, ganadero, industrial, inmobiliario, turístico y medioambiental de Canarias. Ya hubo un primer intento de alcanzar un acuerdo de este alcance: bajo el Gobierno de Jerónimo Saavedra llegó incluso a suscribirse un primer Pacto del Territorio a finales de los ochenta. Sin embargo, no evitó que se construyera más de lo que se debiera y donde no se debiera. La abrumadora presión inmobiliaria, y la búsqueda de una rentabilidad alta y rápida a costa del suelo, pudo más que la voluntad de consenso.
No conviene olvidar que los ayuntamientos no contribuyeron entonces a frenar ese proceso de consumo desenfrenado del suelo, ansiosos como ahora por captar más recursos y que el estallido de la burbuja inmobiliaria, impulsada precisamente por la Ley del Suelo del Gobierno de Aznar, agravó en España la crisis económica mundial que hemos padecido.
Tener en cuenta los aciertos y errores de aquella experiencia es un buen ejercicio para afrontar una nueva reordenación de nuestros recursos territoriales. Así como otros acontecimientos históricos de los que pueden sacarse igualmente algunas lecciones como la convulsa tramitación de la Ley del Agua, que derivó en una crisis política. Entonces se habló de "democratizar el agua". Fernando Clavijo habla hoy de "democratizar el suelo" y de "poner el urbanismo en manos del pueblo y no de los privilegiados". Sus palabras son loables, pero confunde que los más entusiastas defensores del anteproyecto de ley no sean precisamente los colectivos más populares.
No sería bueno que bajo la apariencia de conservacionismo con que se ha querido presentar la nueva norma, se escondiera un exceso liberalizador del uso del suelo que nos llevara a cometer viejos errores en la ordenación de nuestro territorio.
Canarias necesita en definitiva que se abra de aquí a final de año, fecha en que se prevé la aprobación de la nueva Ley del Suelo en el Parlamento, un debate lo más amplio y profundo posible sobre qué modelo de desarrollo queremos para las próximas décadas. Y que los legítimos intereses de diversos sectores económicos y sociales queden finalmente conciliados en un nuevo Pacto por el Territorio.
