En 2016 se cumplieron 250 años de la promulgación en Suecia de la primera norma que garantizaba el acceso a la información de las administraciones públicas por parte de los ciudadanos. Desde entonces, primero los suecos, posteriormente los ciudadanos escandinavos y, a día de hoy, buena parte de los países miembros de la OCDE tenemos ese derecho. Aún es más, los canarios tenemos incluso una ley propia de transparencia, que cuenta con un Comisionado elegido por el parlamento autónomo.
El 12 de noviembre de 2016 el Ayuntamiento de Las Palmas recibió un premio por ser el consistorio más transparente de toda Canarias y el tercer más transparente de toda España. El concejal responsable, al recoger el galardón, destacó: "? Este premio hoy supone un reconocimiento a un gran esfuerzo colectivo... que convierte a los muros de nuestras oficinas en auténticas paredes de cristal".
En febrero de 2016 un grupo de ciudadanos creamos una asociación con el propósito de velar por el interés general, a través del análisis del funcionamiento de los servicios públicos prestados por compañías privadas en régimen de concesión, conocidas en el argot comunitario por utilities. Entre nuestros objetivos están los de: "Favorecer e incrementar el conocimiento ciudadano sobre su funcionamiento y gestión; mejorar el control cívico sobre los mismos, coadyuvando a las administraciones públicas en sus tareas de seguimiento, regulación y control; fomentar la transparencia y la dación de cuentas en el funcionamiento de los servicios públicos; fortalecer la gobernanza y el buen gobierno en la gestión de los servicios; promover la participación pública en todo lo relativo a la prestación de los servicios públicos y ayudar a la protección y defensa del interés general y del patrimonio público."
El 20 de mayo, al amparo de la flamante Ley de transparencia y acceso a la información pública de Canarias, solicitamos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la persona de su alcalde, como indica la norma, nueve documentos en materia de aguas, transporte urbano y telecomunicaciones (que junto con energía y residuos son los cinco sectores conocidos como utilities). A mediados de julio, dada la nula respuesta del Ayuntamiento, reclamamos al Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias. El Comisionado remitió las nueve solicitudes de información al Ayuntamiento dando diez días para contestar. Antes del 15 de agosto de 2016 se cumplieron esos diez días sin respuesta alguna.
Entre el 3 y el 21 de noviembre, el Comisionado da salida a sus nueve resoluciones. Entre el 14 y el 22 de noviembre las recibimos. En los nueve casos el Comisionado nos estima la reclamación. En dos casos, este entiende que a través de la web municipal hay acceso a la información pedida, más en los otros siete casos concede otros nuevos diez días al Ayuntamiento para que responda. En un caso, el Ayuntamiento ha respondido y nos ha facilitado la información; en otro, una empresa municipal nos responde fuera de plazo, nos remite a la web municipal y nos indica que no existe ningún expediente que contenga la información pedida, en este caso el Bus Rapid Transit, o BRT. En la web hay numerosas referencias a la misma; nosotros no solicitamos un expediente sino un estudio básico o memoria, como es preceptivo en cualquier proyecto.
El 10 de enero de 2017 hemos vuelto a solicitar los seis documentos que faltan. Han transcurrido los diez días preceptivos y el silencio ha vuelto a ser la respuesta, ignorando el mandato expreso del Comisionado del Parlamento de Canarias.
El Acuerdo por la ciudadanía de LPGC suscrito por los tres partidos que hoy conforman el gobierno municipal reza textualmente:
"Los firmantes del Pacto de Gobierno nos comprometemos al ejercicio de una gestión pública radicalmente democrática, esto es, situando a la ciudadanía en el centro de la acción municipal, de forma absolutamente transparente y promoviendo la participación de los vecinos y vecinas en los procesos de toma de decisiones." Hay otras formulaciones de corte análogo en el pacto.
Una de las solicitudes de información, arriba mencionada, es la de la memoria básica o anteproyecto del antes llamado BRT, hoy conocido como Metroguagua. Dicha solicitud iba precisamente en la línea que respira el pacto reseñado. La ciudad va a gastarse al menos 100 millones de euros (ahora el Banco Europeo de Inversiones estima el coste en 127 millones; veremos el coste final si efectivamente se lleva a cabo), acometiendo el proyecto más ambicioso de transformación de la ciudad baja en el último decenio. ¿Qué problema tiene el Ayuntamiento para impedir que se acceda a la información básica y se pueda organizar un debate público independiente sobre el proyecto y la inherente hipoteca municipal que vamos a arrostrar durante muchos años? No lo sabemos, lo cierto es que el proyecto está ya muy avanzado y se ha guisado, como es habitual, al margen de la ciudadanía, con independencia de las jornadas celebradas o de la información que cuelga en la red.
Sobra cualquier comentario, mas uno se pregunta: ¿es incompetencia? ¿o es voluntad expresa de no facilitar la información despreciando tanto la ley como su propio acuerdo de gobierno? Parece que 250 años después de que los suecos fueran tratados como adultos por su gobierno, en nuestro país los premios se compran en el bazar y el Ayuntamiento prefiere el oscurantismo y el despotismo ilustrado, tan caro a los ingenieros sociales.
El 30 de enero la asociación ha enviado seis solicitudes al Comisionado instando a que proceda conforme a derecho e imponga las medidas disciplinarias procedentes.
Estando estas líneas prestas para su envío, se lee en la prensa local: "El Ayuntamiento tiene previsto aprobar este mes (por febrero) la primera ordenanza de transparencia de su historia, una norma con la que se pretende facilitar el acceso a los expedientes por parte de los ciudadanos. "Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso a la información pública serán adopta-das y notificadas en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver". "La transparencia ha venido para quedarse, aseguró el concejal responsable".
Encima, recochineo.
