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La Provincia - Diario de Las Palmas

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OBSERVATORIO

La ruptura del contrato social

Las economías occidentales están registrando unos datos macroeconómicos razonablemente buenos. Pero, ¡ojo!, no es oro todo lo que reluce. Si se analizan esos datos con un poco de detalle, observaremos que, a pesar de la recuperación, los salarios están estancados. Y eso es grave.

Lo es porque, en esencia, es el resultado de un cambio sobre cómo se genera y distribuye la riqueza y, a su vez, ello está dando lugar a un progresivo protagonismo de los populismos, sean de derecha o de izquierda.

Se están produciendo aumentos de los niveles de empleo, pero, paradójicamente, ese hecho no está deteniendo la carga de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional. Es decir, la mayor parte de la riqueza creada en las economías avanzadas, desde el inicio de la crisis, incluso desde antes, ha ido a parar a manos de los ricos. Hagamos un poco de historia, aunque el hombre sea incapaz de aprender de ella.

De alguna forma, lo que está viviendo el mundo occidental en la actualidad tiene un claro precedente con lo sucedido en el periodo que siguió a la primera revolución industrial y durante los primeros decenios del siglo XX. Entonces, las perturbaciones económicas también provocaron un trauma importante en la forma en que se generaba y distribuía la riqueza, dando paso a convulsiones políticas, que provocaron el nacimiento y ascenso del fascismo y del comunismo, y dos guerras mundiales.

Fue necesario ese drama para que se buscara un nuevo equilibrio, del que surgió un contrato social, por el que se aceptaba que el Estado recaudara más a través de los impuestos para poder gastar también más, y de forma distinta, con la finalidad de redistribuir la riqueza y establecer sistemas públicos de salud, educación y servicios sociales; el Estado del Bienestar.

El orden así constituido, orga- nizado en torno al mercado, el libre comercio, la apertura de fronteras y el Estado de Derecho, ha sido durante mucho tiempo un gran impulsor de prosperidad. Nunca a lo largo de la historia de la humanidad se había registrado un crecimiento económico y una disminución de las desigualdades como entre los años 50 y 80 del pasado siglo.

Durante esas últimas generaciones el modelo de crecimiento occidental se basó en el hecho de que los incrementos de la productividad provocaban que los salarios aumentaran. Se formó así una gran clase media. Lamentablemente el modelo ya no funciona así.

Según los datos disponibles, en términos agregados, desde 1980, en todos los países de la OCDE se ha experimentado un aumento muy fuerte de la productividad y, en paralelo, un estancamiento de los salarios y, consecuentemente, un progresivo aumento de la desigualdad en la distribución de la renta, lo que puede interpretarse como una ruptura del contrato social, que está radicalizando las posturas políticas.

La disminución de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional es un fenómeno asociado al aumento de la desigualdad y viene explicado no sólo, pero fundamentalmente, por el progreso tecnológico y la globalización.

Ello es así porque desde hace años el crecimiento de la productividad es bipolar. Durante la última década, según la OCDE, la productividad de las "empresas frontera" -entendiendo como tales a aquellas que están más avanzadas tecnológicamente- se ha incrementado en más de un 33%, mientras el resto de las empresas no ha registrado aumento alguno.

En otros términos, un número relativamente reducido de empresas ha conseguido grandes aumentos de la productividad, pero esto no se ha difundido para generar beneficios al conjunto de la economía, de forma que los ingresos de los trabajadores se han disociado totalmente de la evolución de la productividad. Los salarios ya no representan un papel central en la distribución de la renta, como durante décadas.

Si hace más de siglo y medio las perturbaciones económicas condujeron al surgimiento de una nueva clase social, el proletariado; el actual cambio de paradigma, con la ruptura del contrato social, ha dado lugar a la aparición del precariado, colectivo cada vez más amplio formado no sólo por aquellos que no encuentran empleo, sino también por quienes se ven más negativamente afectados por la tendencia comentada, como los subempleados y todos aquellos otros trabajadores que, por los salarios de miseria que perciben, son auténticamente pobres, por lo que se ven obligados a vivir, permanentemente, en una situación de inseguridad e injusticia.

España no es ajena a este fenómeno. Antes al contrario, es uno de los países europeos que han sufrido con mayor intensidad la crisis, lo que se ha traducido en una fuerte caída de los niveles medios de renta y en una profundización de las desigualdades, que se sitúan en niveles de récord desde que se dispone de datos.

La cuestión que se plantea es: ¿cómo podemos elaborar un nuevo contrato social que minimice los riesgos de tensiones sociales y políticas, en unas sociedades que han experimentado profundos cambios económicos?

Las respuestas no son sencillas, porque es mucho más fácil diagnosticar la situación que ofrecer recetas adecuadas para curar nuestros males. No obstante, parece que hay algunas cuestiones que resultarán inevitables, como son introducir profundos cambios en los sistemas fiscales y en los modelos educativos.

Cometeríamos un error si no asumiéramos, de partida, que los ricos tienen grandes incentivos para intentar eludir la tributación y, además, tienen los medios para hacerlo, como diariamente nos demuestra la realidad. Por ello, resulta evidente que será muy difícil encontrar una solución a este problema sin una actuación coordinada a nivel internacional para luchar contra la evasión. No resultará fácil, dada la miopía de los estados, pero será imposible si no se avanza en esa dirección.

Por una parte, si la principal fuente de ingresos es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y estamos viendo cómo disminuye la importancia de los rendimientos del trabajo, es fácil concluir que la dificultad de los estados para recaudar se incrementa, por lo que resulta imprescindible buscar nuevas fórmulas para que los presupuestos públicos puedan nutrirse de ingresos que garanticen la financiación de los servicios públicos que, en sí mismos, ya pueden ser un importante instrumento de redistribución.

Por otra, deberán explorarse nuevas fórmulas de gasto, sin descartar a priori algún tipo de programa de renta básica incondicional, siendo conscientes de que las transferencias incondicionales pueden ser contraproducentes desde el punto de vista de la incentivación de la dependencia y la desincentivación de la búsqueda de actividades innovadoras.

Sin duda, la reformulación de los modelos educativos para favorecer una formación acorde con las tendencias y la actualización permanente de las personas a las demandas de una sociedad y una economía cambiadas y cambiantes ha de formar parte, junto a los aspectos fiscales, del diseño de un nuevo contrato social como el que está demandando la sociedad, si es que pretendemos poner freno a las peligrosas convulsiones políticas que están teniendo lugar.

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