La nueva política era Pedro Sánchez y Pablo Iglesias reunidos en La Moncloa sin soltar palabra de una supuesta agenda legislativa para los dos próximos años. La nueva política consiste en difamar a los medios de comunicación hasta acusarles de socavar la democracia -o al menos devorar niños crudos- cuando no le gusta lo que escriben de tu gestión o incluso la jerarquía de sus titulares. Es una forma de posverdad que a veces se pretende de izquierdas: los hechos objetivos son menos importantes que la apelación a las emociones o creencias. Soy, digamos, presidente de un cabildo, manejo un presupuesto de más de 850 millones de euros y gestiono un amplio ámbito competencial, pero en realidad encarno la víctima de una persecución porque en mi infinita humildad proletaria tengo más peligro para la oligarquía que Iron Man. Y la nueva política es, asimismo, que el Gobierno central deba negociar con los dirigentes y cuadros de su partido los cargos de la administración del Estado, por ejemplo, en Canarias. Tal y como si fuera un botín de guerra. Sin disimulo ni vergüenza propia o ajena. Lo más grave no es que los cargos públicos que apoyaron a Pedro Sánchez -y su apuesta en Canarias, Ángel Víctor Torres- exijan al secretario general del PSC-PSOE que negocie la Delegación del Gobierno o las poltronas de la ZEC. Lo más inaudito es que se encarguen de vocearlo en los medios de comunicación.

El Gobierno central no tiene nada que negociar o que consultar siquiera con el PSC. Uno recuerda cuando estas cosas se llevaban con un fisco más de recato. Porque esta consideración de las administraciones públicas como espacio de cuotas fulanísticas o territoriales acaba convirtiéndose en un ingrediente más de la deslegitimación de la democracia parlamentaria. A la gente le trae sin cuidado las moquetas que puedan pisar Elena Máñez o Aarón Afonso, de la misma manera que la única familia isleña interesada en el futuro político de Héctor Gómez -siempre brillantemente postergado- es la familia de Héctor Gómez. Puestos a emprender un programa de regeneración política no estaría mal comenzar, en efecto, por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Por supuesto que la normativa establece que sus responsables deben ser funcionarios públicos, pero es que más de la mitad de los políticos en ejercicio son funcionarios públicos. Si se estableciera una addenda en virtud de la cual quedaría excluido aquel funcionario que hubiera ostentado un cargo público en los últimos ocho años -por ejemplo- le sería mucho más difícil a los partidos utilizar estos órganos -y los carguitos que les cuelgan como impúdicos racimos- para instalar a su gente, ya sea como trampolín o como cementerio de elefantes.

Es democráticamente intolerable que se manipulen expectativas de colocación fallidas para cuestionar a Torres e incluso advertirle que se está jugando el apoyo en las primarias socialistas para decidir el candidato presidencial en 2019. Esto no es suyo, damas y caballeros, compañeros y compañeras, y no tienen ustedes ningún derecho a reclamarlo como propio.