La Sala de la Audiencia Provincial de Las Palmas dejará claro, a principios del próximo septiembre, que en Telde no ocurrió nada especialmente alarmante, grave, memorablemente criminal. La inminente sentencia sobre el llamado caso Faycán será, sin duda, el golpe más brutal que los tribunales de justicia han infringido a su propia legitimidad en Canarias. O al menos a su eficacia profesional. Porque una trama de corrupción municipal reconocida por concejales y funcionarios, y que distrajo presuntamente varios millones de euros para financiar al Partido Popular y enriquecer a su dirección local se va a resolver con todos los responsables felizmente exonerados de cualquier pena que no sean modestísimas multas. Una fiscalía negociando pequeñas y vertiginosas rebajas en las penas para conseguir confesiones e información incriminatoria, unos magistrados que atienden el argumento de la dilatación del proceso (trece o catorce años) para absolver a los dos exalcaldes procesados y otra concejala se suicidó antes de comenzar el juicio.

Pero antes de encender hogueras para carbonizar magistrados, hay que señalar que en todo este repugnante desaguisado judicial llama mucho la atención el papel de la Fiscalía, cuyo titular pedía inicialmente 134 años de cárcel, 178 años de inhabilitación y casi siete millones de euros de multa para los 29 encartados. A las pocas semanas, y supuestamente como resultado de negociaciones para conseguir información relevante, Luis del Río redujo todo este paquete a fugaces penas de cárcel -que no cumplirían al carecer de antecedentes penales- y a unos 100.000 euros de multa a repartir en cuotas partes entre todos. Una evolución tan sorprendente exigiría una explicación del Ministerio Fiscal, especialmente, con unos resultados procesales tan miserables. Una hipótesis verosímil pero que no puede sostenerse más allá del terreno de la suposición congruente: un caso de corrupción más o menos localizada en un ayuntamiento -y que protagonizarían ventajosamente una docena de cargos políticos y funcionarios técnicos- se intentó convertir en un proceso espectacular donde todo el mundo trincaba, desde la alcaldesa hasta los subalternos. Parte de las mordidas -en esa hipótesis- tenían como destino durante algunos años, muy probablemente, el PP, pero nadie preguntaba nada: se recibía la pasta mientras se contaban gaviotas en el cielo.

Por supuesto que el voto particular de Salvador Alba carnavaliza el proceso sobre el caso Faycán hasta convertirlo en un chiste indignante. El señor Alba no solo está a un paso -debe insistirse: muy probablemente- de ser procesado: se encuentra suspendido por el poder judicial. Pero este juez, en esta tesitura, es un epifenómeno que no explica, al menos en solitario, el devenir de este proceso destartalado, y el periodismo no deberían limitarse a una exhibición de indignación o sarcasmo. Debería enfrentarse a la anatomía del caso Faycán, no como falsamente se planteó hace una década, cariñosamente alimentado por desinteresadas filtraciones policiales y judiciales, sino con sus propios medios e instrumentos. Una vez emitida la sentencia y cerrado el caso se podría empezar con una entrevista a don Luis del Río. Por empezar por algún sitio.