Mejor no comentar determinadas reacciones a la iniciativa de Ashotel y su presidente, Jorge Marichal, de invitar a diputados, senadores y eurodiputados canarios a contemplar la estremecedora fantasmagoría a la que está reducido el sur turístico de Tenerife. Un esfuerzo meritorio, pero baldío, porque es imposible configurar una unidad de acción de todos los representantes para sacar adelante un paquete de reivindicaciones básicas frente al Gobierno central y evitar la quiebra del sector en el Archipiélago (con un 90% de las reservas hasta el 31 de diciembre anuladas). Los socialistas se negaron porque, claro, era un planeamiento demasiado agresivo para con el Ejecutivo. Uno de los semianónimos diputados psocialistas, Héctor Gómez, de profesión soy amiguísimo de Pedro Sánchez, ha dicho que no sería tolerable, o algo por el estilo, que los socialistas presionaran al Gobierno socialista. Parece que al hombrecito - al que no se le ha escuchado una mísera palabra ni sobre la crisis brutal que padecen las islas ni de los conflictos explosivos del PSOE en Arona - no está dispuesto a estropearle un solo minuto de su valioso tiempo al presidente Sánchez. Aunque supongan lo contrario, no creo que los ciudadanos isleños olviden esta actitud en los próximos meses y años. Si en el momento más grave y peligroso para Canarias como comunidad autonómica y como pueblo es usted incapaz - pensando en la sagrada comunión entre sus glúteos y su escaño - de exigirle a su Gobierno medidas perentorias y urgentes es hasta dudoso que sea reconocido ni reconocible ni como diputado, ni como socialista, ni como tinerfeño. El PSOE fue la fuerza fundamental en la articulación y consolidación de Canarias como comunidad política en los años ochenta. Siempre adoleció escasa autonomía reflexiva y operativa frente a la dirección federal, pero esto de ahora se parece demasiado a una organización oficinesca y cortesana que tiene entre sus principales ocupaciones disculpar la asombrosa indiferencia de Pedro Sánchez y sus ministros ante el derrumbe económico de Canarias.
Mientras tanto sigue ascendiendo la curva de contagiados en Canarias y, muy particularmente, en Las Palmas de Gran Canaria, y el Gobierno autónomo corretea detrás de los hechos, mandatando, por ejemplo, videoclips informativos cuatro meses más tarde de declararse el estado de alarma. Es imposible que si sigue este incremento otras 48 horas las autoridades autonómicas no decidan un confinamiento, si no de la capital, si de los barrios más afectados: Guanarteme a la cabeza, pero seguido por Schamann, La Feria y La Isleta. O mejor dicho: es perfectamente posible que no lo hagan, atemorizados tanto por el coste político-electoral de la medida como por las complejidades organizativas y logísticas que puede conllevar. Al menos alguien debería estar diseñando un modelo para esos confinamientos limitados durante dos o tres semanas en Las Palmas, incluyendo reparto sistemático de alimentos, atención médica domiciliaria, dotación de cuerpos o destacamentos policiales. Y si la respuesta es que no, si ni Ángel Víctor Torres, ni Blas Trujillo, ni Augusto Hildalgo están preparando - al menos sobre el papel-- una eventualidad semejante estaríamos ante un nuevo ejercicio de irresponsabilidad. Y descubriríamos que no es que lo hiciéramos maravillosamente en marzo y en abril, sino que tuvimos mucha suerte entonces. La suerte que ahora, en vísperas de septiembre, está a punto de terminarse.
