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OPINIÓN

Canarias se la juega en el audiovisual

Las Islas Canarias están en una encrucijada de la máxima importancia en todos los aspectos, sanitarios, sociales, educativos, económicos, por las circunstancias que está generando la pandemia Covid-19. Estas circunstancias afectan y afectarán profundamente a la sociedad isleña. Somos un territorio ultraperiférico y profundamente frágil, esa realidad se manifiesta claramente cuando nuestras bases económicas se ven afectadas por acontecimientos inesperados. En estos momentos decisivos hace falta una mano firme en el timón institucional que encamine los destinos de nuestro archipiélago.

Desde Audiovisual Plural de Canarias, asociación canaria de productores y profesionales del audiovisual con 54 asociados, queremos poner nuestro granito de arena en lo que consideramos podría ayudar a consolidar este sector en nuestra tierra, en unos momentos de máxima dificultad para todos y cuando se insiste en la necesidad de diversificar la economía de las Islas.

Desde Plural estamos convencidos de que el audiovisual es un sector que puede contribuir de forma importante a esa diversificación si las distintas administraciones públicas se coordinan para ello. Más que nunca, hoy es necesario que las instituciones expriman todo el potencial de las posibilidades de desarrollo industrial del audiovisual en las islas.

En el aspecto de la producción creemos que los pasos que se están dando desde las instituciones están en el camino adecuado, pero son mejorables. Por ello, hemos considerado algunas sugerencias de cara al apoyo político a esta industria. Creemos que el fomento al talento y a la producción local es insuficiente. En términos concretos, las líneas de ayuda pública a proyectos actualmente existentes, en Cultura del Gobierno de Canarias y Cultura de los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria, deben desarrollarse de forma coordinada y complementaria, sin que se generen los graves problemas de desequilibrio entre islas de los últimos años.

Desde Plural hemos logrado que las ayudas públicas del Gobierno de Canarias tengan en cuenta algunas de nuestras reivindicaciones, como, por ejemplo, evitar que estas caigan en unas pocas manos a través de empresas vinculadas o que se tenga en cuenta el rodaje en las Islas y la temática canaria en las ayudas. Son temas elementales en los que hay que seguir profundizando. Aún queda mucho por hacer. Entre otras reivindicaciones, pedimos la profesionalización de las ayudas en el caso del Cabildo de Gran Canaria y, en el caso del Cabildo de Tenerife, la homologación en las puntuaciones con los criterios objetivos de las ayudas de los Gobiernos de Canarias y España.

Es importante que todas las ayudas se alineen en el objetivo de fomentar el crecimiento de esta industria. Las instituciones no deben estar al servicio del modelo de negocio de ningún productor o tipo de cine. Es prioritario que las bases de estas ayudas en las distintas instituciones orienten a fomentar aquellos proyectos que más reviertan en el crecimiento del tejido económico en las Islas Canarias. Además, deben contribuir a potenciar la imagen del cine de las Islas en el mundo como una seña de identidad propia. Para ello, en equivalencia con las políticas estatales, debemos garantizar que el director de las películas que se apoyen sea siempre canario, lo que las ayudas actuales no contemplan a pesar de que desde Plural hemos insistido en ello y que, a nivel nacional, así se contempla para los directores españoles.

Por otro lado, hay comportamientos que deben erradicarse para garantizar la buena salud del sector. Por ejemplo, que ninguna institución o entidad pública de las islas pertenezca a asociaciones gremiales entre cuyos intereses esté la planificación estratégica del sector audiovisual, como actualmente ocurre con Canarias Cultura en Red, la Tenerife Film Commission, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y el Festival de Cine de Las Palmas, que son miembros de la asociación Clúster Audiovisual de Canarias, cuando actualmente hay seis asociaciones canarias del audiovisual. Hemos pedido información al Gobierno de Canarias el pasado 3 de junio sin obtener respuesta hasta la fecha.

Debe ponerse fin también que haya responsables de las administraciones públicas trabajando en el sector audiovisual privado o con intereses privados en él. Hay casos flagrantes en los últimos años en instituciones de la isla de Gran Canaria. Es fundamental que las reglas del juego sean limpias y transparentes, y para ello se exige la necesaria cualificación de los trabajadores públicos cuyo ámbito de competencia condicione el desarrollo del sector.

Respecto a los incentivos fiscales, consideramos que se está informando deficientemente a los productores que apuestan por producir en las islas. La información que se ofrece al respecto no es uniforme, es contradictoria, permaneciendo los temores respecto a la inseguridad jurídica.

Creemos que, en este y otros asuntos, sería necesario crear una comisión que englobe a todas las partes: gobierno autónomo, cabildos, ayuntamientos, film commissions, profesionales de referencia y asociaciones, televisiones, expertos en incentivos fiscales, Agencia Tributaria Canaria y Agencia Tributaria Nacional, para cerrar posiciones en el largo plazo, como se hace en otros territorios. Pensamos que las competencias en materia audiovisual del Gobierno de Canarias deben estar concentradas en un organismo de nueva creación, anhelo del sector con tres décadas de retraso.

En relación a los incentivos fiscales, además de las medidas que hemos propuesto en nuestra comunicación pública el pasado mes de marzo, sugerimos también la fusión de los artículos 36.1 y 36.2 que dividen los incentivos. La distinción entre producciones nacionales y extranjeras -estas últimas más bonificadas- frustran los deseos de muchas producciones españolas de venir a rodar a las Islas o el de las propias productoras canarias acogerse a estos beneficios. Es el momento de dar las mayores facilidades. Necesitamos estabilidad y unidad de criterio.

Trabajos no presenciales como postproducción, efectos visuales y animación deben ser apoyados claramente, de modo que las empresas externas se animen a abrir sede en las Islas. De nuevo, no existen interlocutores únicos, no hay información clara ni tampoco seguridad jurídica en el largo plazo. Todo eso está frenando el florecimiento de una parte de la industria de gran importancia.

Por último, actualmente se están creando infraestructuras que pronto requerirán inversiones exteriores para ser viables, lo que implica un riesgo añadido. Ese es otro motivo por el que necesitamos a la mayor urgencia de claridad, unidad de criterios, estabilidad, visión en el largo plazo y seguridad jurídica. Todo ello pasa por llegar a acuerdos firmes entre las partes que regulan todos esos aspectos a la mayor prontitud posible. Nos jugamos mucho.

El resto del mundo que nos rodea ya está haciendo este trabajo, en algunos países y comunidades desde hace décadas. Canarias tiene la obligación de subirse a este tren. Si no lo hace ahora, con el conocimiento, rigor y seriedad necesarios, corre el riesgo de quedarse definitivamente atrás. Y seguiremos lamentándonos, como hasta ahora, de la debilidad del sector audiovisual en las islas y su escasa aportación al objetivo de diversificar sus fuentes de creación de riqueza. Un objetivo vital para el Archipiélago como estamos comprobando, desgraciadamente, durante esta pandemia.

Luis roca Arencibia. en representación de Audiovisual Plural de Canarias

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