La polvareda generada ante la aprobación de la "reforma exprés" de la Constitución, que consagra en su artículo 135 un límite en el déficit público a partir de 2020, parece inversamente proporcional a su utilidad y eficacia (presentes y futuras).

Tal como ha señalado algún jurista, la reforma no es útil, ya que sus objetivos podían alcanzarse con la legislación actual (sea con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija límites detallados al déficit público y a la deuda o por medio de la legislación europea).

Pero peor son los argumentos ofrecidos por el presidente del Gobierno, quien defendió su aprobación "porque era necesaria" (?). Si, como apuntan círculos cercanos a Zapatero, su obsesión es terminar el mandato evitando la intervención directa de Europa y el FMI (la indirecta rige desde mayo de 2010), cabe interpretar su adhesión a esta antigua propuesta del PP como un "gesto" ante la canciller alemana, Angela Merkel. En todo caso, dado que el cumplimiento efectivo de lo aprobado no se garantiza hasta 2020, queda como una promesa cargada de buenas intenciones.

A corto plazo, además, es dudoso que los "mercados" (también llamados "inversores" o "especuladores", según si la prima de riesgo con el bund alemán baja o sube) se dejen impresionar por tales medidas. Especialmente, cuando se ve que las optimistas previsiones gubernamentales no se cumplirán (partían de un crecimiento del 1,3%), ante la magra mejora registrada hasta junio y el estancamiento de los ingresos fiscales, que se acentuará en lo que queda de año, ante el fin del efecto de la subida del IVA.

De todas formas, al entretener a Twitter, 15-M, políticos y tertulianos varios, la polémica sí ha servido para ocultar las verdaderas amenazas que se ciernen sobre nuestra economía.