El pasado viernes, Francisco Moreno, administrador único de la Televisión Canaria, nombrado por decreto del presidente del Gobierno de Canarias para ocupar ese puesto, compareció ante la Comisión de Control de la Radio Televisión pública para informar de la convocatoria del concurso para la distribución de la señal de la televisión y la radio canaria.
Moreno explicó que hasta que no se realice la adjudicación definitiva del concurso, se va a producir una adjudicación previa en un procedimiento directo y sin publicidad, lo que implica reincidir en una de las prácticas irregulares que en los últimos años ha caracterizado la gestión del ente público, repitiendo los errores del pasado, que él se comprometió a no cometer. Moreno justificó este procedimiento, que supone mantener al mismo proveedor prestando el servicio, alegando lo difícil que resulta hacer una licitación en regla y advirtiendo la posibilidad de que la tele se vaya a negro, las mismas excusas puestas por los anteriores gestores.
Pero esa no fue la única incongruencia en su intervención. En medio de la peor situación económica vivida por Canarias en su historia, Moreno defendió el aumento del presupuesto del ente en cinco millones de euros, un diez por ciento, explicando que la televisión es un servicio público esencial y que no es momento de desinvertir en los servicios públicos esenciales. Es cierto que la televisión es un servicio público, y muy importante, pero aumentar su gasto no debiera ser la prioridad cuando, según nos asegura el Gobierno, no hay dinero para poder bajar más las ratios de alumnos por cada profesor, seguimos con las ratios más altas del país a pesar de la pandemia, ni siquiera en aquellos colegios donde los alumnos estudian en barracones mal ventilados. Tampoco hay dinero para cumplir con el compromiso de no subir el precio de las matrículas a los estudiantes de las universidades canarias, que siguen sin saber si tendrán o no beca para este curso porque esta no se abonará, si es que la reciben, hasta que finalice el curso. No hay dinero para compensar el recorte en becas de este año con respecto a 2019, y tampoco para realizar pruebas PCR a todos los alumnos y profesores de los grupos burbuja o para reforzar la limpieza de los centros. Ya hay colegios que han pedido a los alumnos que lleven sus propios productos desinfectantes para limpiar sus pupitres. Tampoco hay dinero, asegura el Gobierno, para cumplir con el acuerdo unánime en el Parlamento de que se faciliten a través de la tarjeta sanitaria mascarillas gratuitas a las familias más pobres de las islas. Y por falta de recursos para mejorar la seguridad de nuestros hospitales, dos de los más importantes, La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife y el Hospital Insular de Gran Canaria, ya son un foco de contagio en sí mismos. En el Insular han muerto siete pacientes que se contagiaron allí y no fuera. Quienes trabajan en estos centros relatan que escasea el material de protección.
Es en estas circunstancias en las que Francisco Moreno solicita un aumento de cinco millones para comprar más programas de televisión a las productoras, después de haberse comprometido en el Parlamento, tras ser nombrado hace menos de un año, a gestionar la televisión con el dinero que tenía en el Presupuesto. Pidió entonces hacer algún cambio en la ley de las cuentas autonómicas para incorporar medidas de carácter organizativo, y la más llamativa de esas medidas consistió en la aprobación de una subida de su salario en un 30 por ciento, de 64.250 euros a 83.500 (7.000 más de lo que cobra el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres), en base al cumplimiento de objetivos anuales que nadie sabe en qué consisten. Hace unos días, preguntado por Evaristo Quintana en una entrevista radiofónica, Moreno dijo que había renunciado a cobrar esa subida, pero el martes reconocía en comisión parlamentaria que no había comunicado su decisión al Gobierno, ni tenía por qué hacerlo.
Molesto ante mi insistencia en que formalizara su renuncia a ese insólito aumento de sueldo, Moreno concluyó su intervención acusándome de haber pretendido seguir ejerciendo como directora de los servicios informativos de Antena 3 en Canarias, compatibilizándolo con un supuesto “trabajo” como secretaria de Comunicación de Ciudadanos. Francisco Moreno miente por partida doble: Ni intenté seguir como presentadora, ni como directora de Informativos en Antena 3 (puse mi cargo a disposición de la empresa), ni trabajé nunca para Ciudadanos, partido del que jamás he cobrado ni un euro. Cuando mi empresa me pidió que dejara mi trabajo, me incorporé a dar clases de periodismo.
El señor Moreno también me acusó de haber abandonado el periodismo para pasarme “al otro bando”, algo que supone una asombrosa descalificación del compromiso político, descalificación de la que debería disculparse, entre otras cosas porque representa un ataque directo a las personas que ejercemos el control de sus funciones en la televisión pública. Además, para apurar la indignidad de su intervención, Moreno se puso a sí mismo como ejemplo de lo que es ejercer el periodismo, es de suponer que siempre en el mismo “bando”. Una extraña manera de verse. Mientras yo trabajaba durante casi veinte años en Antena 3, construyendo con mi trabajo y esfuerzo un recorrido profesional que me ha llevado del periodismo a la docencia sin paradas, el señor Moreno ha saltado de lo público a lo privado y de lo privado a lo público, nunca elegido por el pueblo y siempre colocado en sus cargos por los que él califica como del “otro bando”. Mientras yo he ejercido el periodismo como un oficio basado en la defensa de la verdad, Moreno ha trabajado siempre como ejecutivo de empresas, a veces de comunicación, contratando para ellas con televisiones públicas, y sirviendo a los intereses de esas empresas, sacando de apuros, precisamente con la verdad, a alguno de sus clientes.
El señor Moreno no puede darme lecciones de periodismo, ni de integridad.
Y si le replico aquí es porque, contraviniendo el Reglamento del Parlamento de Canarias, la presidenta de la Mesa de la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria no me permitió hacerlo donde habría sido lo lógico, en la propia Comisión. Lo hago aquí, y sé que además tendré la oportunidad de contestarle la próxima vez que se vea obligado a comparecer ante la Cámara.
