En Estados Unidos, el país más rico y con más multimillonarios del planeta, cerca de cuarenta millones de personas están amenazadas de desahucio.
Es el resultado inevitable de un sistema económico tremendamente injusto, agravado este año por el desencadenamiento de la pandemia del Covid-19.
El Gobierno de Donald Trump, atento sólo a la evolución del índice bursátil, que ha alcanzado máximos durante su presidencia, decidió que Wall Street era lo único importante.
De todas formas, quienes morían eran sobre todo ancianos y miembros de las minorías afroamericana o hispánica, a las que la clase media y trabajadora blanca ve últimamente como una amenaza a su estatus económico.
Pero la epidemia ha seguido extendiéndose por todo el país sin respetar tampoco a los blancos, y tendrá como consecuencia inevitable una nueva clase de pobres, a quienes resultará cada vez más difícil volver a encontrar trabajo.
Esos nuevos indigentes se verán expulsados de sus viviendas por no poder seguir pagando el alquiler, ni podrán por supuesto comprar un coche en un país donde disponer de un vehículo es muchas veces imprescindible para el trabajo.
El 31 de diciembre vence la moratoria federal de los desahucios propuesta por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades por considerarlos perjudiciales para sus intentos desesperados de frenar la pandemia.
Cuando se desahucia a las personas, éstas van a vivir muchas veces con familiares o amigos o piden que se los acoja en los refugios para gente sin techo, todo lo cual contribuye a la propagación del coronavirus.
Los Estados de la Unión han establecido también sus propias moratorias, y algunos gobernados por demócratas como los de Nueva York o California han decidido ampliarlas por un mes más.
La moratoria federal tiene en cualquier caso carácter limitado: no se aplica automáticamente a todos los inquilinos, sino que hay que cumplir determinados requisitos para poder acogerse a ella, según fuentes del Centro para la Justicia Urbana.
Hay otras acciones en marcha por parte de los demócratas como el proyecto de ley presentado por la representante progresista por Minnesota Ilhan Omar por el que se eximiría a los inquilinos de pagar el alquiler o la hipoteca hasta que acabe la pandemia.
Al mismo tiempo se ayudaría a los pequeños propietarios que pudiesen encontrarse en dificultades económicas, pero todo está paralizado en este momento de transición política.
La pobreza se ha cronificado en Estados Unidos, y hay ciudades como Nueva York, donde no se había visto tal número de personas sin techo, muchas de ellas en edad escolar, desde la época de la Gran Depresión, es decir los años treinta del siglo pasado.
Según una de las organizaciones que se ocupan de los escolares de Nueva York con dificultades económicas, uno de cada cuatro habitantes de esa ciudad está por debajo del umbral de pobreza.
Con el elevado nivel de endeudamiento de muchos hogares, basta con no cobrar el sueldo un solo mes o tener que pagar una factura médica para sumarse a ese ejército creciente de pobres en el país del supuesto “sueño americano”.
