La decisión del presidente americano, Donald Trump, de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ha vuelto a poner este conflicto en el centro de debates políticos en España. El denominador común de la mayoría de las opiniones sobre el tema es el de presentar a Marruecos como un verdugo, un país que viola el derecho internacional y al Polisario como víctima.
Es más, parece que amplios sectores de los intelectuales y de la opinión pública españoles todavía analizan el conflicto desde el mismo paradigma de hace 45 años sin matices ni teniendo en cuenta los desarrollos en el proceso político liderado por las Naciones Unidas. Asimismo, se tiende a instar a España a asumir su responsabilidad “histórica” con respecto al Polisario. Mientras tanto, nada se dice sobre la responsabilidad histórica de España respecto a Marruecos y al pueblo marroquí.
Ahora bien, es de notoriedad pública que las ambiciones expansionistas de España son la causa del conflicto del Sáhara Occidental. Este conflicto existe hasta hoy día porque la prensa, los intelectuales, los militares y la sociedad de africanistas españoles apoyaron la ocupación española del territorio, aunque España no hubiera conseguido tener el control del territorio hasta 1934.
La España de finales del siglo XIX se aprovechó de la debilidad de Marruecos, acentuada tras la guerra de Tetuán de 1859, y del discurso europeo-céntrico que le negó a Marruecos sus derechos jurídicos sobre el Sáhara para hacerse con el territorio. La ocupación española del Sáhara se hizo efectiva violando todos los acuerdos que Marruecos había firmado con países europeos, inclusive el acuerdo que España firmó con Marruecos después de la guerra de Tetuán en 1860, así como el acuerdo que éste firmó con Inglaterra en 1895.
Asimismo, el dominio español sobre el Sáhara se hizo realidad mediante los acuerdos secretos que España firmó con Francia en octubre de 1904. En su libro Moroccan Saharan Frontiers, el historiador americano Frank E. Trout, nota que en virtud del acuerdo franco-español de octubre de 1904, España se vio otorgada la plena posesión del territorio sin informar a Marruecos ni obtener el acuerdo de los británicos, quienes habían firmado un acuerdo reconociendo la soberanía marroquí sobre el territorio.
Dicho acuerdo a su vez quebrantó el apartado secreto del acuerdo que Francia había firmado con Inglaterra en abril del mismo año, según el cual Francia debería otorgar el territorio a España como parte de su esfera de influencia y no tomar ninguna decisión que pudiera poner la soberanía marroquí en entredicho.
Por si fuera poco, dicho acuerdo violó también el Acta de Algeciras, en virtud de la cual los signatarios, inclusive Gran Bretaña, Francia, España, Bélgica, los Estados Unidos, Alemania y otras potencias europeas, se comprometieron a preservar la integridad territorial marroquí. Lo cual era ya imposible puesto que España se había adjudicado el territorio del Sáhara sin que los participantes en dicha conferencia, incluso Marruecos, se hubiesen enterado.
Durante el periodo de descolonización, España trató durante dos décadas de dar largas al asunto e impedir que Marruecos consiguiese su integridad territorial. A principios de los años sesenta del siglo pasado, España se aprovechó de la buena fe de Marruecos convenciéndolo de disociar la cuestión de Sidi Ifni de la del Sáhara cuando la ONU contemplaba la misma solución para los dos territorios e instaba a España a negociar un acuerdo con Marruecos que era la única parte que reivindicaba ambos territorios.
La diplomacia marroquí no estaba enterada de que España estaba determinada a crear un Estado satélite en el territorio. La actitud dilatoria llevó al dictamen (opinión consultiva) de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y a la Marcha Verde. Durante todo ese periodo nadie había oído de un “pueblo saharaui”.
La prensa y los intelectuales españoles crearon algunos mitos, por ejemplo, el presunto estatus del Polisario como único representante del pueblo saharaui y, también en relación con el dictamen de la CIJ. El Polisario ha sido sistemáticamente presentado como representante del pueblo saharaui, como si de verdad fuera posible restringir la existencia de un pueblo al Sáhara Occidental, sin tener en cuenta a los saharauis del norte de Mauritania y a los del suroeste de Argelia: todos pertenecen a las mismas tribus.
Para consolidar el mito, se hizo y se hace caso omiso al hecho de que los saharauis de los campamentos de Tinduf provienen no sólo del territorio en disputa, sino también de Níger, Mali, Mauritania y Argelia. El gobierno español aseveró en 1979 que la mitad de los saharauis de los campamentos eran oriundos de dichos países. Ex altos cargos del Polisario, Mustafa Salma Oueld Sidi Mouloud uno de ellos, lo han confirmado en muchos de sus escritos sobre el tema.
Nótese que hasta 1979 España seguía sin reconocer al Polisario como “único representante de los saharauis”. El entonces ministro de asuntos extranjeros, Marcelino Oreja, entre otros, se oponía. Aunque es verdad que había tendencias divididas entre las autoridades y representantes del gobierno español. Algunos apostaban a ceder a las presiones de Argelia que había instado a la Organización de Unidad Africana a considerar las Islas Canarias como territorio no autónomo susceptible de descolonización. Pero fueron las mismas acciones terroristas del Frente Polisario (contra españoles y sus bienes) que extinguieron la posibilidad de obtener el reconocimiento español.
Con respecto al dictamen de la CIJ, el relato predominante en España tiende a imponer que esta es la única referencia para conseguir una solución al conflicto. Todo intento de buscar otra vía –como la vía política– es considerado como una violación del derecho del ‘pueblo saharaui’ a la autodeterminación. Esta lectura hace caso omiso de un dato clave contenido en el propio dictamen, según el cual el Tribunal deja a la Asamblea General una medida “de discreción con respecto a las formas y procedimientos mediante los cuales el derecho a la autodeterminación pueda realizarse”.
Además del hecho de que el dictamen fuera consultivo y no fuera legalmente vinculante, la palabra “discreción” da a la ONU un margen de maniobra y de interpretación para buscar otras vías para la consecución de una solución al conflicto.
Esto es exactamente lo que la ONU ha venido haciendo desde has más de 13 años. Ante la imposibilidad de conseguir una solución mediante un referéndum el Consejo de Seguridad ha instado a las partes a negociar una solución política mutuamente aceptable basada en el compromiso.
Más de 45 años después, el relato predominante en España todavía no consigue deshacerse de los paradigmas que han dominado en las últimas tres décadas del siglo pasado. La prensa y los intelectuales siguen haciendo caso omiso de las críticas de algunos de los jueces que tomaron parte en el dictamen de la CIJ y que señalaron su ambigüedad y falta de claridad, así como su politización.
En un ensayo publicado en la revista The International and Comparative Law Quarterly, en 1979, B. O. Okere, dijo que, al reconocer la existencia de lazos jurídicos entre Marruecos y Mauritania, por una parte, y el Sáhara, por la otra, insistiendo al mismo tiempo que dichos lazos no prejuzgaban el derecho de autodeterminación, el Tribunal propició una victoria a todas las partes, dejando que cada parte interpretara el dictamen a su antojo.
Según el autor “la opinión consultiva no ha permitido a la Asamblea General desarrollar una estrategia clara de descolonización ni ha contribuido a la verdadera emancipación del Sahara Occidental”. El resultado fue, según él, un “caos total”. Si el autor llegó a una conclusión tan contundente hace 41 años, ¿qué conclusiones deberíamos sacar ahora?
Dado el paradigma de hostilidad y enfrentamientos que ha imperado en las relaciones entre España y Marruecos desde hace más de seis siglos, sería ilusorio e ingenuo pensar que algunos españoles abandonen sus prejuicios en relación con Marruecos de la noche a la mañana. No obstante, pensando en el futuro de los dos países, sus pueblos y toda la región, ha llegado el momento de que los españoles abran un debate sobre qué tipo de relaciones quieren con su vecino del sur y cuál sería la forma adecuada y justa para poner fin a un residuo del pasado colonial de España.
Si los intelectuales y la prensa española consideran que España tiene una deuda con un pueblo, deberían tener el coraje de instarla a corregir los errores históricos que cometió en relación con Marruecos, producto de sus ambiciones expansionistas en el norte de África. La paz, la estabilidad y la prosperidad en la región demandan que España asuma sus responsabilidades históricas con respecto al pueblo marroquí.
