Luchar contra una plaga de la naturaleza del covid entraña muchas complicaciones, pero hay formas menos erráticas de hacerlo que las de los gobernantes españoles, que transmiten la sensación de ir cada uno por un lado distinto. Casi un año después de declarada la guerra comienza a percibirse a la ciudadanía cansada, emocionalmente rota y empobrecida. Cunde la impresión de que estamos casi como al principio, aunque no sea exactamente así, pues 2021 se presentaba como el año de la esperanza sanitaria con la llegada de la vacuna y del avance, cierto al fin, en la recuperación económica. Sin embargo, el ejercicio arranca con más restricciones en España y en el Archipiélago y problemas para la distribución de las vacunas, pese al esfuerzo isleño, que ha convertido a la comunidad autónoma en la región con más alto porcentaje de inoculaciones.
Sabíamos que las Navidades iban a costar caras. Todos dábamos por sentado el repunte de casos, por mucha prudencia y sentido común que cada cual pusiera durante los contactos familiares, porque el virus viaja con las personas, no está en estos o aquellos lugares, en bares o discotecas, en tiendas o vestuarios. Una cosa es preverlo y otra sufrirlo cruelmente como lo padece ahora España e islas como Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro tras lograr atajarlo en Tenerife. Las celebraciones unificaron a todas las regiones en una onda ascendente que hasta diciembre había oscilado de manera desigual. Canarias, que por supuesto ha hecho en esta batalla cosas mal, aunque otras muy bien, la acomete en una posición óptima: con una campaña de vacunación modélica respecto al resto de comunidades y un número de contagios muy inferior a la media. O sea, con margen de maniobra antes del colapso.
Contra la pandemia no hay fórmulas magistrales. Maneras de encararla existen tantas como países, y quizá ahí resida parte del problema en un mundo global para muchas cosas salvo para atajar una emergencia sanitaria. Sí existe un denominador común para el éxito: definir una estrategia entendible y ejecutarla a rajatabla, como parece que ha hecho el Gobierno de Canarias al andarse sin contemplaciones ante los repuntes de casos. Ni lo uno ni lo otro se hizo a nivel nacional por la vía del mando centralizado o con la cogobernanza, un vocablo tan bastardo como los intereses que esconde. Miles de páginas de boletines con decretos llenan las estanterías. Esa exacerbada producción normativa sirve de poco si nadie la cumple.
La contundencia del Gobierno regional para alzar la guardia y embridar la situación antes de que se desmande resulta comprensible. Apurando la argumentación, hasta loable a tenor de la magnitud de la amenaza. Lo que sí merece una severísima crítica es que no se actúe desde el conjunto de las administraciones públicas con idéntica prisa a la hora de compensar a quien damnifica con sus restricciones. Por cooperar en la erradicación del coronavirus y adaptarse a las exigencias los ciudadanos van a realizar nuevos sacrificios. Unos exponen su empleo, otros ver mermados sus negocios. Quizá ya no puedan resistir más. De las anteriores acometidas a esta, al menos el pequeño comercio queda a resguardo de unas prohibiciones que inmolan a los hosteleros y al sector turístico.
El Gobierno de Canarias anunció el viernes una serie de medidas para proteger a esas actividades, ayudas directas y aplazamientos en el pago de impuestos. El Plan Extraordinario de Apoyo a los Sectores Económicos afectados por la pandemia, con un coste de 400 millones, presentado por el Gobierno de Canarias el viernes pinta como un buen comienzo. Se trata de una de las iniciativas más ambiciosas presentadas en España hasta el momento, aunque aún pasarán semanas hasta ponerlas en marcha. Y las familias privadas contra su voluntad de trabajar e ingresar necesitan comer a diario. Se hace preciso un apoyo unánime. A la iniciativa del Gobierno de Canarias deben sumarse cabildos y ayuntamientos. Quienes no operan con normalidad, no pueden soportar cargas fiscales o compromisos hipotecarios de tiempos de normalidad. No es normal que quien esté cerrado tenga que pagar el IBI, por ejemplo. Y no pocos establecimientos de la región están así desde marzo de 2020.
Detener la pandemia no es un problema de los políticos sino de todos. El arma para cortar la expansión de las infecciones la lleva consigo cada persona, su comportamiento responsable. Los trabajadores, los empresarios, los profesionales, a pesar del malestar y la tensión de tantos meses extenuantes, han dejado patente su voluntad de cooperar en favor del bienestar general. Volverán a sacar fuerzas de flaqueza para navegar la ola gigante. A las administraciones canarias les corresponde demostrar la suya paliando un daño evitable, miles de ruinas personales, y pasando de las musas de esas normativas que tantas palabras baldías aguantan a la realidad de los hechos con diligencia y justicia en la distribución de ayudas suficientes. Sin la ejemplaridad de proceder a la altura de las circunstancias, dando largas un día más a demandas justas, sembrarán vientos. Un radical escepticismo, una indisimulada rabia, un ansia de rebeldía. Nada bueno.
